David Rojas Arana
Decano del colegio del Sociólogos del Perú-Región Huánuco

Reflexionando sobre la pandemia que afecta a nuestro país, y evidentemente a todo el planeta, con una mirada sociológica – jurídica, es necesario entender a  la salud como un fenómeno social y como un derecho universal de las personas. La salud es innegablemente un “bien público,” partiendo de esta premisa podemos señalar el concepto de salud a partir de 1947; cuando la Organización Mundial de la Salud en su Carta Magna la define como «el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afección o de enfermedades». Esta definición que fuera  precisada en posteriores informes (OMS, 1986, 1988, 1989, 1991…).Implica un desarrollo integral del ser humano.

En medio de esta adversidad “El mundo comienza a cambiar” geopolíticamente,  producto de esta pandemia se ha evidenciado la fragilidad institucional de los Estados y la negligente reacción de varios gobiernos como EE.UU, Brasil y México solo para señalar algunos, que desnudan su incapacidad e ineficiencia en el manejo de la esfera política y pública e indiferencia con la falta de compromiso social,  priorizando la economía sobre la vida de sus naciones.

La elite plutocrática que gobierna Norteamérica esta perdiendo progresivamente  su hegemonía en los asuntos internacionales, a razón de no tener una respuesta inmediata y oportuna para poder enfrentar al enemigo invisible del que la ciencia conoce poco el COVID- 19 “la pandemia”.

En el Perú haciendo una mirada clínica de la sociedad aún no se ha llegado a una descomposición del tejido social, ni de los poderes públicos, lo que se ha podido percibir es una “anomia social” entendida como la incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las “metas de la sociedad”; uno de los factores es la informalidad de nuestra economía, llamada también economía sumergida; con aproximadamente el 70% de la población activa que se desempeña en diversos sectores informales, manteniéndose el empleo formal en el país en 27,4% a nivel nacional, mientras que el empleo informal se ubica en 72,6%.

La radiografía social, institucional y económica de nuestro Sistema de Salud Público (MINSA y ES-SALUD) precaria, caótica y anárquica, carece de una respuesta eficiente, inmediata y oportuna, tan solo para poder enfrentar la problemática cotidiana de las enfermedades tradicionales de la sociedad; siendo así, se hace casi imposible enfrentar a un virus aún desconocido por la virología y la epidemiologia. Por esa razón el Ejecutivo planteo la estrategia de “el aislamiento social obligatorio” en el marco del decreto supremo número 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional, restringiendo el ejercicio de derechos constitucionales, privilegiando la vida sobre la libertad,  previniendo así el contagio y la propagación del COVID- 19, ya que sería imposible para el Estado afrontar al adversario oculto entre la multitud, priorizando así un bien jurídico como la vida sobre la economía.

Ahora bien, retomando el tema de la salud, centrarse en ella supone, sociológicamente: actuar preventivamente haciéndose necesario para ello, abordar nuestro decadente sistema de salud pública y afrontar las diversas causas de su problemática, solo para mencionar algunas como: la insuficiente e ineficiente inversión pública en salud; la excesiva burocratización del aparato administrativo; la carencia de infraestructura hospitalaria;  la limitada oferta de las diversas especialidades de la medicina.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, realizó un censo el año 2017, sobre la “Población afiliada a algún seguro de salud”; este censo revela que 22 millones 173 mil 663 personas están aseguradas en algún seguro de salud; en tanto que, 7 millones 208 mil 221 aún no tienen seguro de salud; en términos porcentuales, representan el 75,5% y 24,5%, respectivamente. Siendo necesario ampliar la cobertura del número de asegurados.

También se evidencia que el 44,4% (13 millones 39 mil 920) de la población censada está asegurada únicamente al Seguro Integral de Salud SIS; 24,8% (7 millones 299 mil 949) solo a Seguro Social de Salud – EsSalud y el 5,1% (1 millón 513 mil 9) a otro seguro de salud.

Con referencia a los  “indicadores de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud “ -documento aprobado por el MINSA-, a enero de este año revelan las profundas brechas en ese sector.

Este reporte señala que a enero de 2020, del total de establecimientos de salud de primer nivel de atención, que son 8,723 (puestos de salud, postas de salud, centros de salud y centros médicos), el 77.8%, es decir, 6,785 establecimientos de salud tienen una capacidad instalada inadecuada,  expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente.

De la misma manera, el MINSA señala que en el caso de los hospitales, aún se requieren 172 para contar con la cantidad óptima estimada de 303 (56.2% más).

El caso más crítico de acuerdo al reporte son los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS), de  41 laboratorios, 39 poseen capacidad instalada inadecuada, es decir, el 95.1%.

Puede  que nuestro sistema de salud este sobrediagnosticado, pero en lo que podemos coincidir con la mayoría,  es en  la necesidad de repensar una reforma integral del sistema de salud,  que sea verdaderamente universal, gratuita y sobre todo eficiente;  construida sobre la base de las necesidades individuales y colectivas de la sociedad.

Las experiencias sugieren fortalecer la salud pública mediante el Estado y entenderla  como un derecho humano que socialmente es valioso y buscar su protección jurídica a través del derecho, desestimando los postulados del ultra liberalismo que intentan la privatización de la salud, mercantilizando este derecho, poniéndole precio a la vida, limitando el poder que ejerce el Estado sobre este bien público, siendo una forma de exclusión social y violencia contra la población más vulnerable, frenando así  la codicia de las elites ansiosas por rentabilizar una enfermedad global.