El jueves de la semana pasada llegó sorpresivamente  a la Corte Superior de Justicia de Huánuco un equipo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Entonces trascendió que investigaban sobre decisiones de magistrados en un caso por supuesta trata de personas. Pues bien, Página3 ha confirmado que se trata del proceso seguido contra Teodoro Domingo Serafín Durand por trata de personas en agravio de dos menores de 13 y 16 años de edad y que conocieron el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial y la Sala Penal de Apelaciones conformada por las juezas superiores Angélica Aquino, Rocío Marín Sandoval y Sandra Cornelio Soria.

El equipo de la OCMA llegó a Huánuco —según fuentes judiciales—  ante la queja de los jueces del Colegiado Supraprovincial contra los miembros de la Sala Penal que enviaron a la Odecma (Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura) copias certificadas del expediente para que investigue a los jueces Edwin Ventocilla Ricaldi, Carlos Manuel Allasi Pari y Renzo Arturo Beramendi Ramírez, por negarse a acatar la resolución de la Sala Penal que anula la sentencia  que absuelve a Serafín Durand del delito de trata de personas en agravio de una menor de 16 años y que lo condena a 6 años de prisión por favorecimiento a la prostitución en agravio de una menor de 13 años; y en cambio ordena un nuevo juicio oral por trata de personas y que se resuelva de inmediato su situación legal: Continuar encarcelado o ser excarcelado por exceso de carcelería.

Los jueces Ventocilla, Allasi y Beramendi se resistieron a cumplir la resolución de la Sala de Apelaciones, al considerar que ésta tenía “alarmantes signos de violaciones al principio de cosa juzgada” pues anulaba también el fallo condenatorio contra Serafín Durand a pesar que no fue motivo de apelación y estar consentido en la misma resolución que concedió la apelación.

Se supo que el equipo encabezado por el juez superior Walter Chipana Guillén, integrante de la Unidad de Prevención Especial de la OCMA, recogió copias del expediente durante su visita que comenzó el jueves y concluyó el viernes.

En los próximos días deberá pronunciarse si decide o no iniciar investigación preliminar contra los magistrados.

HISTORIA DE LA CONTROVERSIA

El enfrentamiento de los seis magistrados de la Corte de Huánuco comenzó tras la advertencia del INPE al Juzgado Colegiado de que no podía cumplir su orden de excarcelar a Serafín Durand porque tenía una sentencia firme por favorecimiento a la prostitución en agravio de una menor de 13 años y que el recurso de apelación de la resolución era en el extremo que lo absolvió  por trata de personas en agravio de una menor de 16 años.

Resulta que el 13 de junio del 2017 el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, integrado por María Velarde, Walter Dávila y Juan Fernández absolvieron a Teodoro Domingo Serafin Durand del delito contra la libertad personal en la modalidad de trata de personas en agravio de una menor de 16 años; y desvinculándose de la acusación fiscal por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de trata de personas, condenó a Serafín Durand como autor del delito de favorecimiento a la prostitución en agravio de una menor de 13 años, imponiéndole la pena de 6 años de pena privativa de la libertad efectiva y mil soles de reparación civil.

Sin embargo, la fiscal Maryluz Chávez García de Frisancho, de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, apela la sentencia en el extremo que absolvió a Serafin Durand del delito de trata de personas en agravio de la menor de 16 años.

El 10 de octubre del 2017, los jueces Velarde, Dávila y Fernández admiten el recurso de apelación de la fiscal y declaran consentida la sentencia que falla condenando a Serafín Durand como autor del delito de favorecimiento a la prostitución en agravio de la menor de 13 años.

Diez meses después, el 9 de agosto del 2018, las juezas Aquino, Marín y Cornelio cuestionan la decisión del Juzgado Colegiado Supraprovincial de desvincularse de la acusación fiscal por el delito de trata de personas, afirmando que “incurrió en grave error al momento de evaluar los hechos y otorgarle una calificación jurídica que no se relacionaba con la objetividad” y declararon nula la resolución de dicho Juzgado que condenó a Teodoro por el delito de favorecimiento de la prostitución en agravio de la menor de 13 años y ordenan que otro Juzgado Penal, bajo responsabilidad, desarrolle el nuevo juicio oral y establezca “en el día” la situación juridica de Teodoro Domingo Serafín Durand que se encontraba recluido en el penal de Potracancha.

Entonces el nuevo Juzgado conformado por los jueces Edwin Ventocilla Ricaldi, Carlos Manuel Allasi Pari y Renzo Arturo Beramendi Ramírez, resuelve el 20 de agosto del 2018 la inmediata excarcelación de Serafín Durand y le dicta comparecencia con restricciones y con otra resolución fija para el 5 de julio el inicio del nuevo juicio oral, ordenado por la Sala Penal.

No obstante, en su primera resolución, dichos jueces cuestionan que la Sala Penal de Apelaciones no haya resuelto en su misma resolución la situación legal de Serafín Durand, pues esta situación generó su retención indebida por 4 días en el penal de Potracancha.

Con esta observación, el Juzgado Colegiado Supraprovincial ofició al INPE para que proceda a liberar a Serafín Durand. Sin embargo, con copia de la sentencia la subdirectora de Registro Penitenciario de la Oficina Regional Oriente Pucallpa del INPE, Nancy Carazas, y el gestor de Identificación y Registros, comunican a dicho Juzgado que no pueden excarcelarlo porque tiene una sentencia consentida por favorecer a la prostitución en contra de una menor de 13 años, que vence el 7 de diciembre del 2021 y que la apelación de la sentencia era en el extremo referido al delito de trata de personas en agravio de una menor de 16 años de edad.

Ante esta advertencia, los jueces Ventocilla, Allasi y Beramendi anulan la resolución de excarcelación y de inicio de juicio oral y devolvieron a la Sala Penal de Apelaciones para que se pronuncie o emita directivas sobre su fallo.

“Cómo queda la resolución  número cinco, con la cual se declaró consentida el extremo condenatorio, que ellos anularon”, se preguntan en su resolución dichos magistrados: “Es decir, no se sabe si es que declaró consentida la sentencia en cuanto a su extremo condenatorio, pues dicho supuesto necesariamente requiere de un pronunciamiento expreso”,agregan.

La respuesta de la Sala Penal de Apelaciones llegó con la Resolución n.º 14 del 23 de agosto del 2018 firmada por las juezas Rocío Marín y Sandra Cornelio, cuestionando a los jueces del Colegiado.  Y tras considerar que “resultó inoficioso” que el Juzgado le devuelva el expediente, indica que “era implícito que la resolución n.º 05 en el extremo que declaró consentida la condena [contra Serafín Durand] quedaba sin efecto jurídico alguno”.

No obstante, incorporaron a su resolución “declarar nula la resolución n.º 05 del 10 de octubre de 2017 en el extremo que resuelve “Declarar consentida la sentencia en el extremo que falla condenando al entonces acusado Teodoro Domingo Serafín Durand, como autor de la comisión del delito de favorecimiento a la prostitución en agravio de la menor…” de 13 años de dad…” y ordenaron que el Juzgado Colegiado resuelva en el día la situación jurídica de dicho acusado y exhortaron a los jueces Ventocilla, Ricaldi y Beramendi “a poner mayor celo en sus funciones controlando adecuadamente la admisibilidad de los recursos de impugnación”.

Al día siguiente: 24 de agosto del 2018el Juzgado Penal Colegiado responde con la Resolución n.º 15 defendiendo las razones por las que devolvieron el expediente a la Sala Penal de Apelaciones: “Hemos visto alarmantes signos de violaciones al principio de cosa juzgada y debido proceso, que podría acarrear responsabilidades”.

“Las resoluciones emitidas por la Sala Penal de Apelaciones violan el principio de cosa juzgada y debido proceso, pues quieren que se de libertad a una persona que habría sido condenada con sentencia firme”, afirman los jueces Ventocilla, Ricaldi y Beramendi y se niegan a cumplir la resolución de la Sala Penal, devolviendo el expediente “para que ellos [las juezas de la Sala de Apelaciones] procedan a emitir pronunciamiento completo de las consecuencias que implica la emisión de su sentencia…”

Además, los tres magistrados consideran un “abuso” de la Sala que los exhorte a poner mayor celo en el control de admisibilidad de los recursos impugnatorios, cuando ellos no calificaron el recurso de apelación en cuestión.

Entonces la Sala de Apelaciones respondió con la Resolución n.º 16 del 27 de agosto firmada por las juezas Rocío Marín y Sandra Cornelio ordenando en el día la libertad sujeto a reglas de conducta de Serafín Durand y “ante la renuencia” del Colegiado de primera instancia por acatar la orden de la Sala de Apelaciones “en clara violación al principio de jerarquía institucional y al deber de respeto, y sobre todo contraviniendo lo prescrito por el artícul 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (…) al tiempo de haber promovido se siga reteniendo injustificadamente al encausado en el Establecimiento Penal” diponen enviar copias certificadas de lo actuado a la Odecma para que inicie proceso administrativo disciplinario contra los jueces Edwin Ventocilla, Carlos Allasi y Renzo Beramendi. Y la respuesta de estos fue denunciar ante la OCMA a las juezas de la Sala Penal de Apelaciones.

Juezas de la Sala Penal de Apelaciones desnudaron sus controversias en resoluciones del expediente 05699-2015.

El juez Walter Chipana encabezó el equipo de la OCMA