La médico Zelmira Mery Cotrina Onofre y la obstetra Rosa Mavel Bravo Bravo fueron sentenciadas a 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad suspendida al determinarse su responsabilidad en la muerte de la parturienta Rosalinda Rosas Martínez (19), ocurrido en el centro de salud de Ambo, en enero del año 2015. Las profesionales han sido acusadas de haber dejado restos placentarios en el vientre de la joven madre, lo que le causó la muerte.

Según denunciaron familiares de la víctima, Rosalinda dio a luz a las 4 de la tarde del 23 de enero del 2015, pero la mañana del día siguiente empezó a presentar fiebre, por lo que el personal le colocó una ampolla pero el mismo día la dieron de alta y volvió a Ñausa.

Pero aquella noche la fiebre empeoró y presentaba sangrado por lo que personal del centro de salud de Ñausa la trasladó a la mañana siguiente –25 de enero– al Hospital Hermilio Valdizán, donde los médicos advirtieron que había restos placentarios en el útero lo que ocasionó una infección y que no debieron darle de alta.

Los médicos programaron una operación pero ya no lo hicieron porque hizo paro cardiaco y falleció esa noche.

Ante los indicios de una presunta negligencia, la fiscalía de Ambo inició investigación determinando que la médico y la obstetra no realizaron una revisión y control adecuado en lo que respecta a la expulsión completa de la placenta, “lo que desencadenó en un cuadra de endometritis puerperal por retención de secundinas”, lo que causó la muerte.

La sentenciadas negaron su responsabilidad en la muerte de la joven madre y negaban que habría dejado restos placentarios, dejando entrever que la muerte sería por otras causas, pero durante el juicio oral, la Fiscalía presentó diversas pruebas que convenció al Juzgado de Ambo que  las condenó por delito de homicidio culposo y dictó 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad.

Asimismo fijó el pago de 40.000.00 soles por concepto de reparación civil y las inhabilitó para ejercer como médico y obstetra, durante el plazo de la sentencia.

Las sentenciadas presentaron recurso de apelación y el último 10 de julio la Sala de Apelaciones de Huánuco confirmó la sentencia condenatoria.