La violación y asesinato de una niña de 11 años en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima) ha provocado, por enésima vez, que nuestros políticos vuelvan a pedir a gritos la aplicación de la pena de muerte en el país para los violadores, a sabiendas que ésta no se puede aplicar por los tratados internacionales que suscribió el país.

Insistir en la aplicación de la pena de muerte en el país revela la poca inteligencia, la desinformación y el desinterés de nuestros gobernantes y políticos por atender el problema con seriedad y de manera efectiva.

En el país la violación a menores de edad se sanciona con cadena perpetua, que es la máxima pena en nuestro sistema penal. Ya tenemos pena severa, pero lo que no tenemos para proteger a nuestros niños son los recursos para mejorar las condiciones para que la Fiscalía y Policía realicen una eficiente y científica investigación, ni un sistema informático con datos de los denunciados e investigados por violación que les permita identificarlos fácilmente incluso en una intervención de rutina.

No tenemos psicólogos en las instituciones educativas, ni policías ni fiscales entrenados para abordar tan complejo y delicado caso y que las niñas y mujeres no sean revictimizadas en la dependencia policial y fiscal. No se necesita pena de muerte, se necesitan fondos para proteger a los niños y prevenir que sean violentados. Lo demás es ruido.