El Ministerio de Educación ha anunciado el cierre de 264 colegios que —según ha explicado— no cumplen las mínimas condiciones para funcionar como tales, y por lo tanto son una “estafa” para padres y escolares en Lima Metropolitana.

El director general de calidad de la gestión escolar del Minedu, Daniel Anavitarte Santillana, ha referido que dichos locales fueron identificados durante el operativo realizado en el 2018.

Esa cifra corresponde únicamente a Lima Metropolitana, sin embargo la cifra es más porque el problema de los colegios “estafa” se presenta en todo el país.

Lo que corresponde ahora a las Direcciones Regionales de Educación y a las UGEL es —en cumplimiento del Decreto de Urgencia 002-2020 que establece medidas para luchar contra la informalidad en la prestación de los servicios educativos en el ámbito privado— ejercer una mejor fiscalización de las condiciones en las que se brinda el servicio educativo y aplicar las sanciones que corresponda.

Está claro que la reforma educativa avanza por buen camino. Los institutos y las universidades están pasando por procesos de acreditación, lo lógico es que estos también se apliquen a las instituciones educativas para seguir avanzando hacia la calidad de la educación en nuestro país. Ahora corresponde desde la sociedad civil apoyar ese esfuerzo y al empresariado invertir para superar las deficiencias que pudiera tener su empresa.