En los últimos días el fujimorismo, instalado en el Congreso de la República, ha dejado ver nuevamente su careta dictatorial y está amenazando al sistema de justicia, acaso en su evidente afán de que su lideresa Keiko Fujimori y prominentes miembros no sean investigados ante los indicios de corrupción y otros delitos en sus contras.

El primer intento intimidatorio contra el sistema de justicia la han lanzado con la denuncia constitucional a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña) por declarar  como delito de lesa humanidad la matanza de internos en el penal El Frontón durante el primer gobierno aprista. Los magistrados Ledesma, Espinoza y Ramos ya expusieron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso recuerda al gobierno de Fujimori que destituyó a magistrados del TC como parte de su plan para instaurar su régimen dictatorial.

Y este lunes el congresista fujimorista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con el único fin de que, como en el caso de los magistrados del TC, sacarlo del cargo.

Todo parece ser un plan orquestado para debilitar el sistema de justicia y que la impunidad se haga sobre Keiko, hermanos y aliados.