El destape del caso Odebrecht ha permitido desnudar la corrupción en nuestro país al más alto nivel de nuestra clase gobernante. Los audios interceptados a magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao, jueces supremos, fiscales supremos y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura nos han permitido conocer la corrupción al más alto nivel del sistema de justicia.

Pero no son dos casos de corrupción aislados. De ninguna manera. Son casos que guardan relación entre sí por los vínculos que tienen sus protagonistas. El juez supremo César Hinostroza Pariachi, sindicado cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” tenía contactos con la lideresa del fujimorismo Keiko Fujimori y congresistas de esa bancada, así como del APRA; organizaciones políticas que por lo demás también han recibido dinero de la transnacional Odebrecht para su campaña política electoral y en el caso del APRA pagó “coimas” durante su gobierno liderado por Alan García.

Hoy, en el Congreso de la República los congresistas apristas y fujimoristas hacen mayoría y tienen el control del parlamento, desde donde se han desplegado acciones para sabotear las investigaciones contra Hinostroza, blindar al ex fiscal de la nación, Pedro Chávarry, y entrampar las reformas electorales.

Así las cosas, parece no haber otro camino que renovar la clase gobernante y política.