En estos días que el país atraviesa una de sus más severas crisis judiciales y un enfrentamiento sin cuartel entre el  Congreso dominado ampliamente por el “fujikeikismo” y el Ejecutivo, el tema de la reforma judicial y política ha cobrado vital importancia y se avizora acaso como parte de la solución a los problemas desatados y desnudados con la difusión de audios de altos magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura envueltos en aparentes hechos de corrupción.

En medio de esta crisis y del desarollo de las Elecciones Regionales y Municipales en las que elegiremos nuevas autoridades regionales y municipales se ha advertido que funcionarios inhabilitados por la Contraloría General de la República por irregularidades en sus funciones pueden ser candidatos a autoridades municipales, regionales, congresales y hasta para presidente de la República, como si nada hubiera pasado.

Ese hecho vuelve a evidenciar las debilidades que tiene el sistema de Control, pues sus informes —que se entienden técnicos y elaborados por especialistas— no siempre son acogidos por el sistema de justicia y el sistema electoral los desconoce por completo.

A propósito de la visita a Huánuco del contralor general de la República, Nelson Shack, aquí hay un tema importante para abordarlo como parte de la reforma que requiere el país y cerrar un vacío legal.