Germán Vargas Farías

El caso de la niña de 11 años asesinada en San Juan de Lurigancho, duele e indigna. Se trata de uno de esos hechos que no debió haber ocurrido, y que interpelándonos a todos nos revela en nuestras respuestas.

Están los que, como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, expresan su aprobación a la pena de muerte para los violadores de niños y niñas que causen el fallecimiento de sus víctimas, y quienes como Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, señalan que jurídicamente no es conveniente pues implicaría apartarnos del sistema interamericano de derechos humanos, restableciendo una pena que no es disuasiva ni ayuda a eliminar el delito.

El debate es recurrente. Ya no recuerdo las veces que se ha puesto en agenda, pero lo he seguido con interés incluso antes de estudiar Derecho, y he participado del mismo. Respeto, por cierto, la opinión de quienes creen en la pena de muerte, pero después de más de veinte años trabajando en una institución que brinda asistencia integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, me he persuadido de que además de ser inaplicable, nos distrae de lo esencial, es decir, de pensar, planear e implementar medidas que protejan efectivamente a nuestras niñas y niños.

Por eso, más que repetir argumentos tan presentes en los medios y conversaciones en estos días, lo que quiero es adherir a lo que hace algunos meses dijo Zila Vela, una adolescente huanuqueña, líder y vocera de la organización de niños, niñas y adolescentes “Yo También Tengo Algo que Decir”.

Con la claridad y lucidez que ojalá tuviera el ministro de justicia, Zila manifestó: “La pena de muerte para violadores no es la solución. Se debe educar a los varones niños, adolescentes y adultos a no ver como objetos sexuales a las adolescentes”. Y eso, que para algunos es una solución a largo plazo, es lo que muchos objetan y no quieren hacer ahora.

Sé bien que el debate da para mucho más, y estoy muy lejos de pretender que una modesta columna como esta centre lo principal del mismo, pero quiero insistir en uno de los temas fundamentales, y a mi criterio el más importante: ¿cómo protegemos a nuestras niñas, niños y adolescentes?

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, ha dicho algo sustancial en esa perspectiva “Encontramos una sociedad que no mira a los niños y adolescentes como sujetos de derecho y descuidamos las reglas mínimas para su protección”. Sin embargo, pese a que ella misma ha criticado el actual sistema de protección, y que reconoce que el problema exige acciones articuladas, su aparente buena voluntad no guarda concordancia con la respuesta que el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia recibió de parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP, al demandar, en diciembre pasado, la creación de un programa presupuestal dirigido a eliminar la violencia contra la niñez.

Lo que un conjunto de instituciones peruanas le demandaron al Estado, y lo hicieron vía el ente rector encargado de las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y poblaciones vulnerables, fue, para decirlo en términos sencillos, que garantice un presupuesto suficiente para que las niñas, niños y adolescentes del Perú tengan una vida plena, saludable, segura y feliz.

Y la respuesta del MIMP fue, para decirlo en sencillo también, hay plata suficiente, concluyendo que si se aumentara el presupuesto “podría generarse un uso ineficiente y la dispersión de los recursos asignados al sector para atender dicha problemática”.

Sorprendente, si precisamente una de las certezas que tenemos, a partir de casos como el que comentamos, es sobre la deplorable calidad de los servicios de protección  a la niñez que no solo ignoran el principio del interés superior del niño, si no que a veces coadyuvan para que se le viole y asesine.

Así, mientras unos siguen clamando muerte para el violador, otros omiten protegerlos exponiendo a millones de niños, niñas y adolescentes de hoy, y de mañana.