Tras conocerse la decisión del juez del Segundo Juzgado Civil de Bagua (Amazonas), Alberto Cohen Vela, de otorgar una medida cautelar a la universidad Telesup para que se suspenda la ejecución de la resolución de la Sunedu que dispone el cierre de dicha universidad al no obtener su licenciamiento, se ha revelado que Cohen Vela tiene un proceso judicial por delito de asociación ilícita en el sistema anticorrupción en Lima, con orden de comparecencia restringida vigente.

Naturalmente la resolución de Cohen ha merecido una lluvia de críticas. La misma ministra de Educación, Flor Pablo, ha cuestionado el fallo advirtiendo va en contra de todos los avances de la reforma universitaria “y del buen trabajo que viene realizando la  Sunedu”.

La Sunedu, por su parte, ha señalado que el juez Cohen emitió resolución de manera célere sin  resolver antes la objeción que presentaron cuestionando la competencia del Segundo Juzgado Civil de Bagua para conocer el caso. A estas se suman otras circunstancias que le echan sombras a la resolución y ponen en duda la idoneidad y probidad del magistrado, como por ejemplo, que tenga en giro un proceso por corrupción.

Independientemente de este caso, llama la atención que un procesado por corrupción esté en un despacho administrando justicia. ¿Cuáles son los filtros del Poder Judicial?