No hay ninguna duda que los funcionarios con más gollerías, que más gastos le generan al Estado y que menos productividad tienen, son los congresistas de la República.

En estos días los peruanos estamos siendo informados —en un ajuste de cuentas— de que varios congresistas cobran sus gastos de representación a pesar de que no realizan el viaje a sus provincias o de que falsean sus informes para justificar dicho cobro.

La Fiscalía de la Nación ya investiga a cinco de ellos —entre los que se encuentra la parlamentaria por Huánuco, Karina Beteta— y la Contraloría General de la República anunció una acción de control para verificar si la administración del Congreso cumplió con lo establecido en los procedimientos para autorizar el pago por Semana de Representación a seis legisladores, pese a estar fuera del país.

El Contralor Nelson Shack precisó que la auditoría tiene como objetivo comprobar que la administración del Congreso haya cumplido las normas y acuerdos de la Mesa Directiva que regulan los viajes y pagos.

Y Daniel Salaverry, presidente del Congreso, anunció que la Mesa Directiva acordó prohibir los viajes al extranjero en semana de representación para evitar un cobro irregular de dinero por parte de legisladores que no cumplieron esa función al estar fuera del país. Empero mejor sería eliminar ese gasto de “representación” que a la luz de los hechos no tiene resultados positivos.