En el Perú solo se invierten 0.22 céntimos por persona para luchar contra la trata

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemoró ayer, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro de Seguridad Pública del Mininter, expuso sobre la trata de personas y cómo ha cambiado su dinámica a raíz de la migración transnacional.

¿Ha cambiado la trata a raíz de la migración transnacional?

Para Valdés, hay condiciones de violencia en la estructura de la sociedad que influye en la trata de personas y cultural en la forma en la que se ve la migración. Existe una diversidad normativa que a la postre resulta problemática: “en el 2019 se han incorporado 7 tipos penales nuevos. Con ello, a la fecha tenemos más de 20 tipo penales nuevos relacionados a explotación humana y trata. Hay necesidad de optar por la simplificación”.

INFORMACIÓN DIVERSA

En cuanto a cifras, Valdés detalló que aunque muchas veces la explotación pase inadvertida, los medios de comunicación revelan importante información: en 2017 reportaron solo 3 casos; en 2018, 175 casos; en 2019, 210 casos; y hasta marzo de 2020 se tenían registrado 275 casos. Sin embargo, ello es inconsistente con los datos de la Unidad Central de Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos (UCAVIT) del Ministerio Público, el cual reportó solo 76 casos el 2018 y 56 el 2019. Por otro lado, “el INEI menciona 509 víctimas de trata en el 2019. “Tenemos serios problemas con la información. Una de las principales propuestas es tener una plataforma informática integral”.

SOLO 4 % DE CASOS CON SENTENCIA

El delito de la trata de personas se hace sostenible por varios factores. Uno de ellos es la impunidad, caracterizada por el bajo ratio de tratantes que reciben sentencia condenatoria: solo el 4%. Otros factores son el alto grado de corrupción y la tolerancia al delito, pues solo se denuncia entre el 15% y el 20% de delitos.

Asimismo, Valdés declaró que el Estado solo invierte 0.22 céntimos de sol por cada persona para financiar el Plan contra la trata. La pobreza y la informalidad también facilitan la captación y explotación de las víctimas, las mismas que se ven agravadas por la pandemia: con el aumento de la pobreza, disminución del PBI y la reducción a la mitad del empleo en Lima entre marzo y mayo de este año, los(as) venezolanos(as) más pobres y sin redes de apoyo son más vulnerables. Se debe considerar, además, que ganan 37 % menos que un peruano.

SOLO 6 GORE CON PRESUPUESTO PARA TRATA DE PERSONAS

Para Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, siguiendo el discurso de Valdés, desde el Estado hay esfuerzos que no están conectados y no funcionan como un engranaje.

“En todas las políticas para afrontar la violencia hay una gran cantidad de información que es disonante, dispar. Hay una disimilitud de cifras entre una y otra institución”. Criticó que en caso de trata, son pocos los casos que se judicializan.

 Asimismo, abogó por el enfoque de género, aludiendo a que es necesario “para argumentar las decisiones y darle credibilidad al consentimiento de la víctima, donde se cree que una víctima no es vulnerable bajo ciertas condiciones económicas. Esto genera un problema de impunidad”. Informó que la “desaparición” tiene un sesgo: “son mujeres y adolescentes las que desaparecen” y que “de 25 gobiernos regionales, 17 tienen un plan regional [contra la trata de personas], pero solo 6 le asignaron presupuesto”.

MÁS DE 400 VÍCTIMAS RESCATADAS

A su turno, Antonio Fernández, director general de Seguridad Democrática del Mininter, señaló que sí ha habido un impacto de la migración transnacional sobre la trata de personas en nuestro país. Hay que sincerar la data, pues hay un problema de información. Este 2020, se han realizado 31 operativos y rescatado más de 400 víctimas, pero la pandemia ha obstaculizado el rescate.

Expuso datos de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes al 30 de junio: de 454 de víctimas extranjeras, 304 son de nacionalidad venezolanas, 96 ecuatorianas y 54 colombianas. Esta información debería conducir políticas públicas basadas en información real, unificada. “Pasa por un tema de interoperabilidad, de compartir información”. Reconoció la importancia de fortalecer los puestos de control de frontera y el trabajo binacional que ya se tiene con Colombia, Ecuador y Chile, por ejemplo, pero que falta con Brasil; así como la cultura de denuncia.

Valdes, Fernández y Susana Chávez, directora de Promsex participaron en un diálogo académico sobre la trata de personas que fue moderado por la periodista Lourdes Fernández.

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