Gobiernos locales, coronavirus y otros desaguisados

Andrés Cloud

El clamor ciudadano por la regionalización y descentralización del país en las últimas décadas del siglo XX fue una ilusión frustrada. Se intentaron varias propuestas, pero todas fracasaron. Se tuvo entonces que abrevias el camino y recurrir a una fórmula muy práctica: cambiar el nombre de “Departamento” por “Región” y asunto concluido. La única ventaja de este cambio de nomenclatura fue la autonomía económica de las regiones y municipios, prerrogativas que, a la postre, serían el mejor estímulo para que ciertas personalidades se encaramen en el carro de la política y usufructúen de las arcas del Estado. De entonces data la actual configuración política y geográfica del Perú con 25 gobernadores regionales (incluyendo la Provincia Constitucional del Callao), 196 municipios provinciales y 1,874 distritales. Es este al parecer el punto de partida de la generalizada corrupción, presente en todos los escenarios, a semejanza de la actual pandemia de Covid-19 que no respeta fronteras de ningún tipo.

Cabe puntualizar que, hasta antes de la regionalización del país, el manejo del erario nacional era exclusivo del centralismo capitalino que atendía las necesidades de las provincias (el interior del país) a largo plazo y con cuentagotas. Enhorabuena, entonces, la regionalización que propicia cierta autonomía de los gobiernos regionales y municipales, medida orientada, se supone, al desarrollo integral del país. Sin embargo, quien iba a suponer entonces que 20 o 25 años después de promulgada la Ley de Regionalización, casi la totalidad de exalcaldes y la totalidad de gobernadores regionales, a la fecha, estén presos, prófugos, procesados, al margen de la ley, etc. por los delitos económicos cometidos en su mandato. Para muestra solo los casos más sonados en las regiones de Callao, Cajamarca, Junín, Ucayali, Arequipa, Pasco, Huánuco. Incluso la región Moquegua y el actual presidente de la República Martín Vizcarra. Algo similar ocurre igualmente con muchos alcaldes distritales y provinciales que por razones obvias, concluido su mandato, han tenido de cambiar de domicilio y volver a casa solo en épocas preelectorales.

Sin embargo, es preciso deslindar que la corrupción generalizada y el latrocinio organizado (una suerte de asociación lícita para delinquir) no es una pandemia de carácter institucional sino individual, personal, familiar, grupal. Por algo ha de ser el hecho reiterativo de que la mayoría de exalcaldes distritales aspiran a la alcaldía provincial; los exalcaldes provinciales al gobernador regional; los exgobernadores regionales sueñan ser ministro de estado o presidente de la república; y éstos últimos, se desviven por ser reelegidos en el cargo cuantas veces sea necesario, excepto algunos exfutbolistas y saltadores de garrocha que aspiran saltar del último al primer peldaño de la política.

…atentos a las redes sociales y a la pantalla del televisor, dos
fantasmas merodean en la vigilia de los peruanos: el fundado temor del rebrote a corto plazo de la pandemia del Covid-19; y el probable segundo pedido de vacancia del Presidente de la República por parte del Congreso.

En resumidas cuentas, nos parece percibir que la pandemia de la corrupción tiene un marcado sello político y, en orden jerárquico, se aloja de preferencia en las sedes de las 25 regiones y 2,070 municipios con un objetivo claro y preciso, recuperar con creces el monto invertido en la campaña preelectoral y asegurar el futuro inmediato y mediato. Pareciera que algo parecido ocurre también en los Ministerios de Estado (18 en total), algunos de los cuales, por su probada inercia e inoperancia, parecieran estar solo de pantalla o pintados en el suelo, verbigracia los de Cultura, del Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social, etc.

Finalmente, atentos a las redes sociales y a la pantalla del televisor, dos fantasmas merodean en la vigilia de los peruanos: el fundado temor del rebrote a corto plazo de la pandemia del Covid-19; y el probable segundo pedido de vacancia del Presidente de la República por parte del Congreso.      

Con relación al primer punto, a la fecha se cumplen exactamente siete meses (214 días) del inicio de la cuarentena sanitaria y de la semiparálisis productiva de los sectores económicos del país, con el saldo doloroso de cerca de 860,000 infectados y algo más de 53,000 fallecidos. Esto de manera extraoficial, posiblemente hasta que en algún momento se sincere la información, a semejanza de la Comisión de la Verdad con relación a los demenciales actos de la violencia terrorista en la década del 80. Sin embargo, el pasado, pasado está y, de momento, solo nos queda prevenir lo que puede ocurrir en el segundo tiempo de la pandemia que, según la opinión de los expertos en la materia, podría ser más virulento y agresivo que la primera etapa. Ejemplos al respecto sobran a la vista. Esperamos que no sea así y que el probable rebrote no alcance niveles de “alarma”, como viene ocurriendo en algunas ciudades europeas.

En cuanto a lo segundo, pareciera estar en la agenda nocherniega del Congreso Merino el rebrote del pedido de vacancia en el cargo del presidente Martín Vizcarra Cornejo, implicado supuestamente en un caso de corrupción por el pago adelantado de una coima millonaria por una obra aún no iniciada. Coima no en dólares como en el caso de todos sus antecesores. sino en soles. Pero tampoco como jefe de la nación, sino como ex Gobernador de la Región Moquegua algunos años atrás

Huánuco, octubre 15 del 2020.

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