Corrupción, esa perversa normalidad

Germán Vargas Farías

Las recientes denuncias contra el presidente Vizcarra, por supuestos sobornos para obtener obras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, obscurecen nuevamente el escenario político del país. 

Se confirma así que el único rasgo de la “normalidad” peruana, inmutable frente a cualquier virus, es la corrupción. Quizás porque no hay toxina ni parásito más perniciosos que ella misma, y porque no existe mascarilla, protector facial, gel hidroalcohólico o distanciamiento social que sirva para contrarrestarla.  

Ocupados en evitar el contagio de la COVID-19, con prioridades tan elementales como mantenerse en medio de la crisis sanitaria, con urgencias tan básicas como proveer alimentos para sus hijas e hijos, lo que menos desea la mayoría de la población son escándalos que dificulten aún más su ya crítica situación, con autoridades defendiéndose o acusando, cuando deberían dedicarse a atender sus problemas.

Sin minimizar la gravedad de la corrupción, lo que se espera es que la institucionalidad democrática funcione, que el sistema anticorrupción se desperece, y que la sordidez de ciertos sectores no nos sumerja en charcos de podredumbre cuando seguimos entre la muerte y la incertidumbre provocada por la pandemia.

«Que la sordidez de ciertos sectores no nos sumerja en charcos de podredumbre cuando seguimos entre la muerte y la incertidumbre provocada por la pandemia»

Habiéndose colocado nuevamente en el debate la pertinencia de la vacancia presidencial, es razonable que se discuta la legitimidad de un presidente sobre el que pesan graves acusaciones, como los riesgos que supondría Manuel Merino asumiendo la Presidencia de la República, tomando en cuenta la torpeza con la que se ha conducido, y considerando que su desprestigio es mayor que el de Vizcarra.

Entonces, la disyuntiva aquella de escoger el mal menor que hace rato nos acompaña cuando se trata de elegir presidentes, nos asalta ahora poniéndonos en el trance de optar sobre la conveniencia o no de la permanencia, en sus funciones, del jefe de Estado.

Sea lo que fuera que ocurra, es muy probable que las tensiones se irán acumulando, amenazando liberarse bruscamente en cualquier momento, con el riesgo de provocar un sismo con consecuencias catastróficas para la gobernabilidad del país.

A poco más de seis meses de las elecciones generales, y a casi nueve del cambio de gobierno, demandar un acuerdo básico para continuar la lucha contra la pandemia y avanzar en un proceso que asegure elecciones transparentes, y una transferencia ordenada del gobierno, no debería ser mucho pedir.

Sin embargo, la sensatez no es una característica que predomine en el Congreso de la República, ni entre los partidos políticos representados allí, y tampoco en aquellos otros con aspiraciones congresales y de gobernar el país.   

Si una certeza podemos tener, es que a partir del 29 de julio de 2021 tendremos a otro ex presidente de la República respondiendo ante las autoridades del sistema de justicia con lo cual seguiremos sorprendiendo al mundo, y el Papa Francisco continuará inquiriendo «¿qué pasa en Perú que todos los presidentes van presos?», o enfrentan una alta probabilidad de estarlo.

Curiosamente, para evitar volver a una situación como esta, el presidente Vizcarra nos instó ayer a emitir un “voto pensado” en las elecciones generales de 2021 eligiendo, entre los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso, a “gente buena, nueva y honesta”.  

Sí pues, debiéramos votar con responsabilidad. Suponemos que habrá gente buena, nueva y honesta que participe en el proceso electoral, y las agrupaciones políticas debieran asumir el compromiso de convocar y presentar como alternativa, candidatos y candidatas cuya decencia y adhesión a los valores democráticos garanticen.

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