¿Los paros agrarios darán pase a una segunda reforma agraria?

Pier Paolo Marzo Rodríguez
Pier Paolo Marzo Rodríguez

Los productores de papa de Pachitea y Huánuco hoy inician una nueva jornada de protesta por los magros resultados del Gobierno Regional de Huánuco en conseguir el presupuesto necesario para atender la plataforma de emergencia. Esta tiene como centro un mayor presupuesto para la compra regional directa y a precios que garanticen un retorno de la inversión realizada en la producción de este año de diversos productos agropecuarios. Adicionalmente, plantean que se entregue insumos agropecuarios a los campesinos en quiebra. Ante ello, el Gobierno Regional ha manifestado su imposibilidad de transferir 30 millones de soles asignados para varias líneas de fortalecimiento de cadenas regionales agrarias, y ha anunciado la asignación de un millón de soles para la compra de productos a los pequeños agricultores y 2 millones 700 mil soles para la compra de insumos.

Para el año siguiente, los agricultores huanuqueños plantean el incremento al 10% del presupuesto público 2021 para el sector agropecuario, de modo que se garantice la planificación y diversificación productiva agroalimentaria, la asistencia técnica vía escuelas de campo agropecuarias, estudios de suelo, centros semilleros certificados, proyectos de siembra y cosecha de agua, infraestructura de riego, centros de acopio y campos feriales.

Además, se exige dar cumplimiento a los acuerdos del paro agrario de enero del 2018, implementando plantas de procesamiento e industrialización agropecuaria.

«Aunque una de cada 2 familias de Huánuco esté vinculada a la producción agraria, y uno de cada 4 peruanos vive en áreas rurales, nuestro país le ha dado la espalda a nuestra realidad rural»

Adicionalmente, se solicita facilidades para el sector transporte, de forma que se asegure la distribución de los productos agropecuarios y población del campo y la ciudad. Todo esto en el marco de un programa regional de soberanía y seguridad alimentaria nutricional, que incluya el fortalecimiento de ollas comunales y organizaciones sociales con servicios de apoyo alimentario. Este programa debería incorporar el fortalecimiento de las ferias agropecuarias como mercados de productores. Cabe indicar que, a contrapartida, el Gobierno regional viene difundiendo acciones respecto a Pro compite – ha destinado 17 millones de soles para la convocatoria 2020 – 2021 y ha invertido 12 millones de soles en 53 proyectos durante los dos años de esta gestión. Adicionalmente, ha destinado 10 millones de soles para beneficiar a 800 familias con planes de negocio, con el apoyo técnico de Agroideas. Y ha apoyado la instalación de una planta de procesamiento de granadilla en el distrito Molino.

A todas luces, esas acciones aparecen como insuficientes, lo que no es de extrañar, pues aunque una de cada 2 familias de Huánuco esté vinculada a la producción agraria, y uno de cada 4 peruanos vive en áreas rurales, nuestro país le ha dado la espalda a nuestra realidad rural. En la escala nacional, el Perú de las grandes ciudades es creciente importador de alimentos baratos y subsidiados, mientras unas pocas grandes empresas agroexportadoras de la costa dedican nuestras mejores tierras a producir frutas y hortalizas para consumidores ricos del extranjero, a costa de remuneraciones que se quedaron congeladas desde el 2013, en contrapartida del aumento sostenido de las ganancias empresariales. Esta disparidad fue posible por una legislación que reducía derechos, privaba del seguro complementario de trabajo de riesgo al trabajador y reducía tanto el aporte a EsSalud, como su contribución tributaria. El paro se levantó con la aprobación de la Ley 31087, que derogó dicha legislación; pero que no regula nada en su reemplazo.

Por ello cobra relevancia la propuesta de segunda reforma agraria hecha por la candidata Verónika Mendoza, que plantea poner la agricultura en el centro de las políticas de gobierno, con un sub-gabinete de desarrollo agrario y rural, conformado por las carteras de agricultura, inclusión social, transporte y comunicaciones, salud y educación. Es de esperar que las dirigencias campesinas de la región, vean en las elecciones generales de abril del año siguiente, una oportunidad para poner entre las prioridades a discutir, las medidas de fondo que permitan conducirnos a un modelo de industrialización agraria con formalización y tecnificación generalizadas, y una sustantiva mejora de los ingresos y la calidad de vida de las familias y comunidades agricultoras en todo nuestro país. 

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