Control posterior

La captura de un abogado de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Huánuco por violentar sexualmente a una niña víctima de violación y a la que debía brindar asistencia legal, es sin duda uno de los mayores escándalos que envuelve a esa institución en los últimos años.

Marco Gonzáles Delgado ingresó recientemente a laborar al Ministerio Público como resultado de un concurso público. Poco antes de llegar a Huánuco se desempeñó como juez de paz  letrado de la provincia de Oyón de donde salió a los pocos días de ser denunciado en la Comisaría del lugar de realizar tocamientos a dos niñas de 10 y 13 años en su despacho judicial.

Con una vergonzosa resolución (que ignora la denuncia), la Corte Superior de Justicia de Huaura puso fin a la designación de Gonzáles Delgado aduciendo que era para promover a una trabajadora judicial. Ya en Huánuco, este delincuente (tiene sentencia de 4 años de prisión por desobediencia y falsedad, confirmada por el Tribunal Constitucional) fue contratado por el Ministerio Público en un área tan delicada como la Udavit. Y ahí están las consecuencias: una niña víctima de violencia sexual revictimizada por el empleado de la institución que debe protegerla.

El caso obliga a cuestionar el concurso realizado en el Ministerio Público y a exigir un control posterior a los procesos realizados para no tener más «sorpresas» como esta.

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