El problema no es el Estado, es la corrupción y los funcionarios que nos gobiernan

Julia Palomino Gonzales

La corrupción tiene un impacto devastador en el desarrollo político, social y económico de los países. Afecta la democracia y acentúa las desigualdades, los Estados pierden recursos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más necesitados. Esta situación plantea el reto de recuperar un Estado transparente y con funcionarios íntegros, que se fortalezca frente a otros poderes fácticos, como el económico, y que asuma su rol de garante de los derechos de los ciudadanos. Pero, también, implica impulsar el empoderamiento de una ciudadanía que vigile, proponga y tenga un rol activo en el establecimiento de políticas y la implementación real de los acuerdos internacionales de los que el Perú es parte en esta materia. (GTCC).

La corrupción es uno de los principales problemas del Estado peruano, el Perú es un país diverso y convulsivo, la historia republicana es una muestra de ello. Sin embargo, su crecimiento se vio continuamente afectado por inadecuadas políticas gubernamentales y por las corrosivas y contantes acciones de corrupción. El presente artículo describe las bases antropológicas que subyacen las acciones humanas que llevan a la corrupción, así como las principales estrategias de corrupción en todo el sistema sanitario peruano, que además está fragmentado tanto en el sector público como en el privado. La corrupción es un grave problema que enfrentan los Estados. La historia reciente del Perú ha puesto de relieve, de manera dramática, que se trata de un problema latente para nuestra aún incipiente institucionalmente democrática. La corrupción socava la legitimidad del Estado y con ello su fundamento democrático, afecta el correcto funcionamiento de la administración pública, el patrimonio estatal, el carácter público de la función, la ética en el ejercicio de funciones públicas, con lo cual genera que se inserte en el colectivo social la idea de que la función pública se vende al mejor postor.

En definitiva, la corrupción genera demasiado daño a nuestra sociedad, a nuestra correcta gobernabilidad y la consolidación definitiva de un estado de derecho. Esto se puede apreciar en los numerosos casos que quedan impunes; es decir, que quedan sin castigo, motivo: no hay suficiente pruebas como para acusar y sentenciar y consecuentemente castigar el delito, valiéndose de  influencias y del poder que ostentan en el momento dado, se convierten en intocables o tal vez porque se encuentra atado de manos o no encuentre una  norma en nuestra legislación que lo ayude a castigar severamente este tipo de delitos.

Hoy por hoy la corrupción ya no se percibe solo como un ruido marginal al funcionamiento de los sistemas políticos y de la convivencia entre ciudadanos pertenecientes a la misma colectividad social. Ella es más bien reconocida como una de las principales amenazas a la democracia, pues conspira contra su legitimidad, vulnera el Estado de derecho y afecta el uso de recursos públicos orientados al cumplimiento de derechos o a fines de interés colectivo. Pero ello, un acto de corrupción constituye una grave muestra de deslealtad frente a las reglas que debieran regir un comportamiento social honesto, pues supone el aprovechamiento inmoral de lo público para un beneficio privado o un abuso de poder, acción que es aún más nociva cuando la ejecutan personas que detectan cargos públicos. El diagnostico que presenta el grupo de INA, nos demuestra que los políticos, académicos y ciudadanos interesados están cada vez más próximos a justificar la compleja maraña y los mecanismos de cada uno de sus componentes. Por lo que debemos promover a través de los medios de comunicación el ejercicio de los derechos  ciudadanos y la organización contra la corrupción.

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