¿Las nuevas normas legales ayudarán a la salud de las personas?

Pier Paolo Marzo Rodríguez
Pier Paolo Marzo Rodríguez

¿Las nuevas normas legales ayudarán a la salud de las personas? Veamos. El sábado se promulgó la Ley 31125, que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud por el periodo de doce meses, inicia su reforma e introduce puntuales capacidades a los órganos del sector Salud, incluyendo la posibilidad del Ministerio de Salud, intervenir en Direcciones regionales cuándo estas no son gestionadas con la diligencia básica.

En efecto, dicha Ley establece en su artículo 4.7. que en situaciones de excepción por pandemia,

“El Ministerio de Salud asume la conducción administrativa de las direcciones regionales de salud, gerencias regionales de salud o las que hagan sus veces y de las sanidades de las fuerzas armadas y policiales, respecto del cumplimiento de la política de salud, normas y actos administrativos y la gestión de los servicios de salud de su competencia. La responsabilidad administrativa y la vigencia de la designación son durante la situación de la pandemia, atribución de la autoridad nacional de salud.”

De esta manera se busca corregir un vacío normativo que permitió el 2020, la inacción de autoridades regionales ante la emergencia. Como se recordará, el 2020 en Huánuco hubo semanas de octubre sin autoridad regional de salud, luego de los meses de colapso de los servicios. En Lambayeque, Arequipa y Loreto también se dieron situaciones de incompetencia regional en el sector, mientras la población se asfixiaba por dichas incompetencias. Sin embargo, obtener mejoras en la calidad y oportunidad de los servicios de salud mediante las intervenciones del nivel nacional en las direcciones regionales, requiere de capacidades de gestión para la prevención de riesgos mediante la planeación operativa y la ejecución oportuna.

De otro lado, la mencionada Ley prohibe, en su artículo 5.2,

“La contratación de profesionales de la salud, técnicos o auxiliares asistenciales de la salud, bajo la modalidad de contrato por servicios prestados por terceros o servicios no personales o de locación de servicios en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, gobiernos regionales, gobiernos locales, EsSalud y sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal del jefe titular de pliego”

Con esto se corta con el trabajo sin derechos y sin aseguramiento del personal de salud. En contrapartida, el artículo 5.3 indica que los prestadores regionales tienen que modificar sus instrumentos de gestión para contratar, con derechos y con seguros, a nuevo personal asistencial en los establecimientos de salud de nivel I-4, II-1 y nivel II-2 para cubrir el déficit de médicos especialistas, odontólogos, obstetras, enfermeras, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares de enfermería. Esto conforme a un plan de implementación que debe ser aprobado por el Ministerio de Salud. Por que lo que hemos de esperar una prontísima elaboración de dicho plan, pues cada día con déficit de personal, es un día de menos atenciones a las personas que urgen de servicios.

En cuanto al déficit de infraestructura, el artículo 6.2. de la Ley, faculta a los Gobiernos Regionales

“ a realizar los procesos de selección correspondientes a concursos y licitaciones públicos para el mejoramiento, ampliación, equipamiento y construcción de infraestructura, siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada, regulado en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.En los contratos suscritos deben de incorporarse cláusulas sobre políticas anticorrupción.”

La experiencia nos dice que no sólo son necesarias estas cláusulas, sino también medidas de control concurrente de dichos procesos de selección, así como una intensa vigilancia ciudadana preventiva y reactiva ante indicios de prácticas de favorecimientos indebidos. Esa facultad viene con presupuesto: La octava disposición complementaria final autoriza que el Ministerio de Salud realice las transferencias necesarias para aquéllas obras, mientras que la novena declara “de interés nacional y de necesidad pública los estudios de preinversión y ejecución de proyectos de infraestructura de establecimientos de salud a nivel nacional en todos los niveles de atención adscritos a los gobiernos regionales, Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.”

 De esta manera, contamos ya con el marco normativo adecuado para atender la emergencia, a un año de iniciada la pandemia. Mantengámonos atentos a que sea adecuadamente aprovechado, en bien de nuestras familias y comunidades.

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