Indígenas de Puerto Inca abandonan sus tierras por amenazas de narcotraficantes

Germán López, indígena y líder de la comunidad Nueva Austria del Siria, se está quedando solo. Sus hermanos se están yendo de su territorio ubicado en Puerto Inca por temor a morir. Las amenazas contra este pueblo en la selva huanuqueña no han cesado desde el 2012 cuando el Gobierno Regional anuló su reconocimiento por supuesta venta del territorio.

La situación de los indígenas se ha agravado con la pandemia. En abril del año pasado, López lloró amargamente por el asesinato de su amigo y compañero de lucha Arbildo Meléndez, líder de la comunidad Unipacuyacu, quien hasta hoy no encuentra justicia con el asesino confeso en libertad.

El indígena ha pedido el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) para enfrentar las amenazas y obtener el reconocimiento para su comunidad. «A los que hablamos son a los que nos persiguen», cuenta con voz quebrada durante la presentación del informe «Socavando derechos: la defensa de los derechos obstaculizada por los intereses económicos».

Para acceder ayer a la reunión vía Zoom, el indígena tuvo que buscar megas y un lugar especial para conseguir señal de internet. «A los que estamos en la selva, en Puerto Inca somos vulnerables, no hay justicia, no hay autoridades que nos defiendan», lamenta el apu.

López ha sido denunciado por narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal y hasta por traficar tierras. Todas las denuncias en su contra son formuladas por colonos que están dentro del territorio indígena y buscan desacreditarlo para continuar con el proceso de titulación de predios particulares.

Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la CNDDHH, señaló que las instituciones públicas, como Devida y el Ministerio de Agricultura impulsan la titulación de predios particulares, por encima de las propiedades comunales, vulnerando los derechos de los defensores ambientales.

En el informe «Socavando derechos…» se consigna el caso del líder Germán López, quien, pese a solicitar medidas de protección está vulnerable, pues solo le entregaron un documento y no cuenta con resguardo policial.

«¿Cómo van a protegernos? Titulando nuestra comunidad y expulsando a los verdaderos traficantes. Mis hermanos tienen miedo, por eso se están yendo porque el Estado no cumple su función de protección», señala al contar que temor por su vida y la de su familia, pues nuevamente se está exponiendo al denunciar la deforestación de Puerto Inca, y «a todo el que habla lo secuestran, asesinan».

EL CASO UGAZ

El caso de Germán no fue el único que se presentó ayer. También está la vulneración de los derechos y libertad de expresión de la periodista de investigación Paola Ugaz, quien es constantemente denunciada y hostigada por investigar el caso de abusos sexuales en el Sodalicio, organización que pertenece a la iglesia católica.

En el informe también se presentan los casos de los defensores ambientales Gonzalo Pío Flores, Arbildo Meléndez Grandez, Santiago Vega Chota, y Roberto Carlos Villanueva Pacheco, quienes fueron asesinados durante el 2020 en plena pandemia por denunciar el impacto ambiental en sus territorios de distintas empresas extractivas o actividades ilegales.

En Perú, la defensa de los derechos humanos es hoy una actividad de grave riesgo. 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas desde el 2011, denuncian la CNDDHH y el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos.

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