¿El gobierno de transición hará algo más para detener las muertes por asfixia?

Pier Paolo Marzo Rodríguez
Pier Paolo Marzo Rodríguez

Cuatrocientos treinta y tres fallecidos por covid-19 confirmado es la cifra del sábado. Con 3081 nuevos casos reportados ese día.

Y pareciera que tanto entre la mayoría de nosotros como en el gobierno, se ha normalizado la muerte por asfixia.

Pero no. No es normal ni aceptable que peruanos y peruanas estén muriendo por causas que son evitables. Pues ya sabemos que con tratamientos adecuados y oportunos, la cifra de fallecidos no supera el 2 % de los casos. El problema en Perú es que los tratamientos no son adecuados, ni oportunos. Y que se está dejando que los afectados busquen costearse medicamentos e insumos como puedan, como si no existiera un sistema de salud público y como si no existiera la obligación del Gobierno de proteger a su población.

Se está dejando que los afectados busquen costearse medicamentos e insumos como puedan, como si no existiera un sistema de salud público y como si no existiera la obligación del Gobierno de proteger a su población»

Es cierto que la Constitución actual no garantiza adecuadamente el derecho a la salud, una de las varias razones para cambiarla. Pero también es cierto que aún en ese deficiente marco constitucional, el Gobierno tiene obligaciones de protección de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Aún si ellos y ellas no las exigen por una especie de resignación  la indolencia de las burocracias, o una falta de conciencia de derechos exigibles.

Ante ello, el Gobierno debe implementar, al costo que sea necesario, medidas que reduzcan la mortandad, vía la facilitación a domicilio del oxígeno necesario, así como de la producción del mismo y el apoyo permanente a las familias con infección de coronavirus.

Se tendría que establecer en cada microrred de salud, una central de auxilio y seguimiento e información a pacientes, que dé las indicaciones y se encargue del monitoreo diario de infectados en cada distrito. Esto aliviaría los gastos de consultas y permitiría ganar tiempo en atajar la expansión de la infección. Conforme los datos del monitoreo, esta central distrital prestaría balones o concentradores de oxígeno, siempre con monitoreo telefónico y eventualmente, con visitas domiciliarias. De esta manera se aliviaría la principal fuente de gastos y angustias en las familias.

Cada central habría de contar con un suministro de oxígeno adecuado a la demanda. Para lo que se ha de habilitar un fondo de implementación de plantas de oxígeno, cuya construcción podría ser cofinanciada con privados a los que se les compraría la producción a precios regulados. Se daría mayor cofinanciamiento estatal a zonas alejadas, como las altoandinas y amazónicas. La construcción de las plantas de oxígeno en dichas zonas podría acelerarse vía núcleos ejecutores, con participación de las comunidades beneficiarias y las universidades de las regiones. Ese fondo podría cofinanciar iniciativas de gobiernos municipales o regionales, con mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana, así como de control concurrente de la Contraloría para prevenir riesgos de corrupción.

De otro lado, se debe implementar un mecanismo de apoyo a familiares internados en establecimientos de salud, que reduzca las colas fuera de los mismos. La mencionada Central, además financiaría los hospedajes para los familiares que acompañen a pacientes hospitalizados en centros de referencia por no contarse con la capacidad resolutiva necesaria en sus ciudades de origen.

Estas medidas podrían ser parte de un programa específico, “Te sano”, cuyo personal sería reasignado de otros servicios o contratado bajo el marco legal de la Ley N° 31125, que declara en emergencia el sistema nacional de salud.

Es el momento de ir más allá de lo que se viene haciendo desde el año pasado. Y así hacer vigente el derecho a la vida y la obligación de cuidarla.

 

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