Clínica pide 4 meses de plazo para desalojar local de Beneficencia

La Clínica Bolívar promete abandonar el inmueble de la Beneficencia Pública dentro cuatro meses, que terminará la construcción de su nuevo local. Así lo aseguró su gerente, Kathlyn Alvarado Sabrera, luego de frustrarse el desalojo programado para el viernes último.

Por tercera vez se postergó la diligencia de lanzamiento que ordenó el Primer Juzgado Civil de Huánuco para que la conocida clínica devuelva el local ubicado en la cuadra 4 del jirón Bolívar a la Beneficencia Pública.

La jueza María Velarde decidió reprogramar la diligencia porque al momento del desalojo había seis pacientes internados en la clínica, según se informó. Esto, a pesar de que el establecimiento se había comprometido a no recibir más pacientes para hospitalizar.

Y es que ya en marzo de este año se frustró el desalojo por la misma razón. «La Ley de Emergencia nos obliga a recibir pacientes. No podemos negar cualquier tipo de atención», argumentó la gerente de la clínica.

La Clínica Bolívar perdió un juicio contra la Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco por ocupante precario. Su contrato de alquiler venció en el 2018, pero a la fecha sigue ocupando el local y sin pagar. Ya que no hay contrato, «la Beneficencia se ha negado a recibir los pagos», justificó Alvarado Sabrera.

El contrato entre ambos se celebró en el 2008 y la Clínica Bolívar solo pagaría 1 800 soles mensuales por el local de 650 metros cuadrados. Más tarde el alquiler subiría a 3 mil soles.

Pero en el 2013, cuando terminó el tiempo del contrato, la clínica pidió continuar en el local y en una cuestionada conciliación extrajudicial se acordó que pagaría incluso menos de lo que pagaba antes. Por esta conciliación la expresidenta de la Beneficencia, Zulma Picón, es investigada por colusión agravada, investigación que también involucra a la gerente de la Clínica Bolívar.

PIDEN MÁS TIEMPO

En conversación con Página3, la gerente de la clínica sostuvo que desde el 2018 se han dirigido varias cartas a la Beneficencia Pública «buscando conciliación, pero la respuesta siempre ha sido negativa».

En la misiva más reciente, del 25 de mayo de este año, la Clínica expresa su «voluntad de asumir el pago completo de la deuda» y solicitan la «renegociación de los términos del contrato». También ofrecen una serie de beneficios en la atención de los trabajadores y usuarios de la beneficencia a cambio de continuar en el local.

Pero con la negativa de la Beneficencia para conciliar, y con una orden de desalojo por ocupante precario, la clínica no tiene más salida que abandonar el local; pero, aunque la orden de desalojo viene desde el 2020, su abogado, Juan Carlos Cueva Fuster, dice que necesitan más tiempo.

«No nos rehusamos a salir. Sabemos que ellos [la Beneficencia] son los titulares del inmueble y se les tiene que restituir el bien, pero lo que nosotros solicitamos es que se nos otorgue tiempo para evacuar a los pacientes y buscar personal para instalar los equipos médicos. Esto toma un lapso de tiempo, y qué bueno que la jueza ha entendido eso», explicó.

La Clínica Bolívar construye un nuevo local en la avenida Esteban Pavletich del distrito de Amarilis. «Está en acabados», acotó y estimó que en cuatro meses se terminaría. «Estamos garantizando que vamos a ejecutar la restitución a favor de la Beneficencia», dijo el letrado.

Sin embargo, el gerente de la Beneficencia, Teófilo Huaynates Peña, crítico la postergación del desalojo. «Es lamentable la decisión de la magistrada, teniendo en cuenta que por este inmueble la clínica no realiza un pago alguno», sentenció.

«Parece que los de la clínica son intocables, porque su desalojo está suspensión, tras suspensión», se quejó.

DENUNCIA POR CORTAR EL SERVICIO ELÉCTRICO

Por otro lado, el abogado de la Clínica Bolívar informó que denunció ante la Policía a los funcionarios de la Beneficencia porque durante el intento de desalojo cortaron los servicios de agua y luz de la clínica a pesar de que había pacientes internados.

«A tempranas horas se cortó el servicio del agua, y luego, cuando la jueza requirió las historias clínicas de los internados, nos dimos con la sorpresa que no había luz», informó.

«Ellos han sido los responsables de esos cortes porque la matriz de los suministros se encuentra en el territorio de ellos y ya se ha realizado la denuncia a la Policía», aseveró Cueva Fuster.