Con falso ingeniero de sistemas compraron laptops en el Gobierno Regional Huánuco

Adquisición por 21 millones de soles causó perjuicio económico por S/ 23 millones, según informe de la Contraloría.

En junio del año pasado, el Gobierno Regional entregó casi 8 mil laptops a los docentes del departamento de Huánuco. Sin embargo, la adquisición de estas máquinas se hizo con una serie de irregularidades, que ocasionaron un perjuicio económico de más de 23 millones de soles al estado. Dos millones más de lo que se gastó en la compra.

Los indicios de corrupción en la compra de las 7 995 computadoras —que se han estado denunciando desde el año pasado—, fueron confirmados por la Contraloría General de la República durante el Megaoperativo de Control realizado en el departamento de Huánuco.

«Este caso llama bastante la atención. Es uno de los que ha generado mayor perjuicio económico a la región: 23 millones 225 mil 490 soles», subrayó el vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez Trucios.

Las irregularidades, explicó, empiezan con la elaboración del expediente técnico para la compra. Este ni siquiera tenía sustento técnico y legal y «no cumple con las exigencias que establece este tipo de adquisiciones».

Además, las laptops adquiridas no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. «Las especificaciones exigían determinados programas con los que las computadoras no contaban», aseveró Ramírez Trucios.

Según denunció anteriormente —y en varias oportunidades— el vicegobernador regional, Erasmo Fernández, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, entonces dirigida por Luz Rodríguez, elaboró dicho expediente y no la Dirección Regional de Educación, que era la parte usuaria.

UN FALSO INGENIERO

La Contraloría encontró que en la elaboración de este informe técnico participó Darwin Frank Campos Soto, trabajador del Gobierno Regional que figuraba como «especialista en Desarrollo de Sistemas», supuestamente, con título profesional de la Universidad de Huánuco (UDH).

No obstante, el secretario general de la UDH, Carlos Meléndez, le informó a la Contraloría que esa universidad «no ha expedido Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática y Título Profesional de ingeniería de Sistemas e Informática a nombre de Darwin Frank Campos Soto».

Campos «solo tiene la condición de egresado del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática», resalta la autoridad universitaria.

Para confirmar, el Colegio de Ingenieros del Perú también informó que el supuesto especialista en Desarrollo de Sistemas no «está agremiado a este Consejo Departamental y aparentemente en ningún Consejo Departamental».

LA RECEPCIÓN

El Gobierno Regional aceptó las 7 995 computadoras, pese a que no cumplían las especificaciones técnicas requeridas.

«Los encargados de la recepción declararon que todas las computadoras estaban okey; sin embargo, cuando los auditores de la Contraloría hacen su trabajo acompañados de ingenieros de sistemas, nos percatamos que no fue así», afirmó el vicecontralor.

El vicegobernador regional afirma que el 30 de diciembre de 2019 el Gorehco ordenó el devengado de esta compra, pero recién al día siguiente se nombra la comisión de recepción.

Es más, de acuerdo con la Contraloría, esta comisión dio la conformidad de la compra a pesar que no se entregaron todas las computadoras. Faltaban 104 laptops en ese momento. «Esto debió merecer una penalidad», afirmó Ramírez Trucios.

También se halló que las laptops fueron «adulteradas», pues, «según la importación, tenían disco duro de 256 [gigabyte] ; pero las laptops entregadas al Gobierno Regional tenían un disco duro de un terabyte, ahí es donde nosotros indicamos que estas laptops han sido adulteradas y reensambladas», explicó la gerenta regional de la Contraloría, María Choy Paz.

La Contraloría ha recomendado «que se ejecute la garantía de estas laptops para el cambio correspondiente dado que han sido reensambladas después de la importación y antes de la entrega a la entidad».

LOS RESPONSABLES

Esta compra generó un perjuicio económico de más de 23 millones de soles al Gobierno Regional y entre los ocho responsables, la Contraloría General señala al mismo gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio.

Sobre el gobernador recae responsabilidad penal, al igual que en su entonces gerente regional, y hoy asesor, Luis Briceño Jara.

También se señala a la exgerenta de Desarrollo Social, Luz Rodríguez, a la subgerente de Desarrollo Institucional, Ada Gonzales, al exdirector de Asesoría Jurídica, Eden Lavado.

Se incluye también a Darwin Frank Campos, Limber García Tafur y al especialista de Asesoría Jurídica Fredy Najera Valentín. Todos con responsabilidad penal.

     
 

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