Demandan pronunciamiento de la DRA sobre conflicto entre Refinca y pobladores

Representantes de la empresa Bosques Silvestres SAC que pertenece al Grupo Refinca Holding SAC se reunieron ayer con el titular de la Dirección Regional de Agricultura (DRA), nueve días después de que un grupo de dirigentes ronderos del distrito de Honoria hiciera lo propio y con la misma agenda: demandar la intervención de esa institución.

Mientras los ronderos exigen que la DRA se pronuncie a favor de revertir al Estado los terrenos de propiedad de Refinca en Honoria, los directivos de esta exigen que públicamente la DRA informe que no puede intervenir en dicho proceso por ser terrenos privados.

«El director de Agricultura [Roy Cruz]nos ha dicho que es terreno de propiedad privada y que no pueden ingresar a hacer titulación [de predios], pero necesitamos que [ese pronunciamiento] sea publico y realmente se esclarezca» de que no procede la reversión de dichos terrenos al Estado, manifiesta Javier Rivera Pinzás, gerente general de Refinca.

Sostiene que una posición clara de la DRA sobre la imposibilidad de revertir las tierras de la empresa que representa, contribuiría a lograr la paz social en Honoria.

El ejecutivo refiere que ya llevan un mes y una semana sin poder ingresar a sus terrenos para continuar con los trabajos de forestación de eucalipto, porque un grupo de pobladores tiene bloqueado el acceso.

Precisó que en el año 2018 compraron dos predios en los distritos de Honoria (Huánuco) y Campo Verde (Ucayali) a Ciro Apéstegui, uno de 4 mil hectáreas, aproximadamente, que en su mayor extensión está en Huánuco y otro de 3 mil que está contiguo y en territorio del vecino departamento de Ucayali. Es decir las 7 mil hectáreas que compraron están en la frontera de Huánuco y Ucayali. Cada predio está registrado en la Sunarp de Ucayali y de Huánuco, según corresponda, a nombre de Refinca, precisa Rivera Pinzás.

Si bien dijo que cuando en el año 2019 ingresaron a la zona encontraron  220 personas ocupando parte de su terreno, ya han tranzado amistosamente con 120 de ellas, e incluso están próximos a entregar títulos de propiedad a 60 familias del caserío Andrés Avelino Cáceres, que a partir de esta formalización ya está gestionando su electrificación.

El gerente de Refinca sostiene que ninguna de las personas que ocupa áreas del terreno de Refinca tiene una constancia de posesión válida que solo puede otorgar la Agencia Agraria de Puerto Inca.

«Curiosamente desde el 2019 que llegamos todos tienen constancias de posesión entregados por agentes municipales. Varios de ellos han dicho en la Fiscalía que les llevaban las constancias para que los firmen», relata.

Sin embargo, Javier Rivera reconoció que el PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras) entregó 32 títulos de propiedad de predios que están dentro de las 7 mil hectáreas que Refinca reclama ser dueña.

«Hemos pedido a la DRA que nos informe cómo han realizado esa titulación y hasta ahora no nos responden», comentó tras afirmar que independientemente de ese hecho ya han avanzado con los trámites, que llegaron al Ministerio de Agricultura, para que no se realicen más titulaciones de predios en sus terrenos.

Para el gerente general de Refinca hay «intereses subalternos» en quienes soliviantan a la población contra su empresa.

«Los únicos que se benefician [con el conflicto] son 4 a 5 personas que son dirigentes [con] dinero que están recaudando [de los pobladores]. Los abogados cobran, no trabajan gratis», comentó.

Además, reveló que a través de terceros han pedido a la empresa «un pago de 200 mil soles a cambio de que nos garantizan que podamos seguir trabajando. Rechazamos ese tipo de propuestas. La empresa no entra ni entrará a ese tipo de trato porque esas malas prácticas empeoran este tipo de situaciones», anotó.

Otro hecho que advirtió el ejecutivo es que en sus terrenos han encontrado cultivos de coca y pozas de maceración de coca (para elaborar droga) y han encontrado a una furgoneta transitando con cuatro fardos de coca escoltada por una motocicleta de propiedad de un extrabajador del Corah, organismo dedicado a la erradicación de cocales. De todo esto, dice, han informado a las autoridades, pero no hay ninguna acción.

Sobre los incidentes de diciembre en el que dos personas resultaron heridas con proyectiles de armas de fuego, Rivera señaló que tras 12 ataques, que incluyó la quema de  su campamento y secuestro de trabajadores, se vieron obligados a contratar una empresa de vigilancia. Esos vigilantes, dijo, se defendieron de un ataque con armas de fuego.

Sobre los dos pobladores heridos dice que desconocen porque hasta ahora no hay ninguna denuncia sobre heridos ese día. «Las personas heridas no han hecho ninguna denuncia», afirmó.

Rivera Pinzás lamentó la intervención de la congresista gobiernista Elizabeth Medina en este caso «con manifestaciones inexactas» y dijo que han pedido a la Comisión de Pueblos Andinos, que integra, ser citados para explicar el problema.