El Perú vive la peor crisis de inseguridad desde la época de la violencia política, dicen expertos

Aseguran que en lugar de debilitarse, las organizaciones criminales se han empoderado

El ministro del Interior, Juan José Santivañez anunció que renunciaría a su cargo si es que el estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima y Callao no reduce los altos índices de criminalidad que azota la capital. Pese a que diariamente se realizan operativos y que la PNP trabaja «indesmayablemente», según el jefe de la Región Policial Lima, los casos de extorsión y sicariato siguen vigentes.

La presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno le está «respirando en la nuca» a los delincuentes, pero la realidad es que ahora, subirse a una combi se ha convertido en una actividad de alto riesgo, pues ya no se sabe si uno de los pasajeros es un sicario. La noche del último lunes, cuatro personas murieron y tres resultaron heridas luego de que un criminal disparara contra el chófer y la cobradora de una unidad de transporte público. El crimen aún está en investigación.

Frente a esto, hay que preguntarse si realmente el estado de emergencia es una medida adecuada para hacer frente a la criminalidad organizada o si solo es una medida política para aplacar el descontento de la población.

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, advierte que estamos afrontando la peor crisis de seguridad y que nunca antes se llegó a ver niveles tan graves del alcance del crimen organizado. Pese a eso, consideró que el estado de emergencia anunciado por el gobierno de Dina Boluarte son medidas políticas que volverán a fracasar.

«Los estados de emergencia, medidas políticas para parecer que se está haciendo algo importante, ya han fracasado en los años previos y van a volver a fracasar, lamentablemente. Son palos de ciego. Es hacerle creer a la gente que con esos estados de emergencia se consigue resultados que son mucho más complejos, que requieren un trabajo mucho más serio y que lamentablemente van a tomar más tiempo. Insisto son palos de ciego», indicó a Infobae Perú.

El extitular del Mininter considera que el despliegue de efectivos policiales en las calles puede ayudar a disuadir al delincuente común, pero en el caso del crimen organizado resulta insuficiente por el tipo de delito.

«Si hay muchos policías en las calles, que yo creo que no hay suficientes por muchas razones, vamos a tener quizás, ojalá menos robos. Pero al crimen organizado, que se dedica a la extorsión, eso no le hace nada. Lo que sirve es la inteligencia, que penetra en la oscuridad en la que viven y saca a la luz a los criminales en un tiempo determinado. Eso no ha cambiado, se hace lo que se puede, pero no se está dedicando importancia al tema», lamentó.

Basombrío también criticó la nueva unidad de la PNP especializada en casos de extorsión, pues considera que trasladar a 80 agentes a otra unidad y cambiarle el nombre es insuficiente para combatir el crimen organizado.

CRIMEN EN LIMA

El exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera, señala que la criminalidad organizada estuvo presente el Perú alrededor de 20 años, pero como sucedió con el terrorismo, el Estado comenzó a actuar cuando alcanzó a las empresas formales de la capital.

«Lima no enfrentó el terrorismo hasta que salió la bomba de Tarata, pero ya había 70.000 muertos en el Perú. Y aquí estamos hablando de la extorsión como si fuera algo nuevo. La extorsión en el norte, en Trujillo, en cuántas ciudades y acá en Lima ha estado presente, pero cuando estaba con las empresas informales, que son las que tienen menor capacidad de poder recurrir a las instancias policiales y judiciales», respondió a Infobae Perú.

Sobre el estado de emergencia, Herrera consideró que no es efectivo, debido a que la medida no implica un control total del territorio. Es decir, que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar en tareas de patrullaje a la PNP, en algunos activos críticos de la capital, pero esto no quiere decir que, por ejemplo, se pueda controlar el accionar de los extorsionadores.

«La estrategia operativa en un estado de emergencia tendría que estar orientada al tema del allanamiento y del rastrillaje de zonas consideradas rojas por parte de la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas. El estado de emergencia, como se ha planteado en el Perú, ahora y el año pasado, solo permite a las FF. AA. apoyar a la Policía en la custodia de activos críticos», comentó.

En ese sentido, consideró que la decisión de decretar esta medida responde a una mala asesoría y que la criminalidad organizada ya rebasó la capacidad de respuesta del Estado, por lo que para que se de una adecuada estrategia deberían trabajar todas las instituciones: «Ya no es solo tarea de la PNP», agregó.

PAÍS DE LOS CUPOS

Por último, Miguel Villaverde Cisneros, especialista en políticas públicas y gestión pública, también coincidió con la ineficiencia del estado de emergencia y recordó que, en años previos, no se consiguieron los resultados esperados, lo que evidencia una política de seguridad ciudadana ineficiente.

«Recordemos que hace varios años se ha declarado estado de emergencia por inseguridad ciudadana en lugares como Callao, Trujillo, Lima, etc y los resultados no han implicado menor tasa y porcentaje de víctimas por sicariato, extorsión, secuestros, entre otros delitos, que es el resultado esperado en el marco de una política de seguridad ciudadana ineficiente. En ninguna parte del Perú se ha logrado reducir el porcentaje de delitos por el uso de instrumentos legales que limitan derechos como lo es estado de emergencia o por la presencia de militares en las calles», declaró.

Villaverde lamentó que con el avance de la inseguridad y el crimen organizado, el Perú se ha convertido en un país donde pedir cupos se ha convertido en algo común y lo que realmente se necesita es adoptar medidas más eficaces que solucionen este problema.

«Nos hemos convertido en el país de los cupos. Cuando hablamos de crimen organizado estos se refieren a delitos complejos con fines económicos como la trata, extorsión, narcotráficos y otros delitos; entonces el gobierno debería trabajar en estrategias y medidas eficaces y articuladas esto para hacer más difícil el trabajo del crimen organizado y reducir el número de víctimas», agregó. (Infobae)

     
 

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