Festinaron trámite y direccionaron la compra de 7995 laptops en el Gobierno Regional

La compra de las 7 995 laptops por más de 21 millones de soles para ser entregados por el Gobierno Regional a profesores del nivel secundaria del departamento de Huánuco, no solo estuvo direccionada, sino que se festinaron trámites para favorecer a la empresa Pomme Corporativo SRL representada por Luis Bedregal Gonzáles.

Así se desprende de la disposición del fiscal  anticorrupción Iván Carrión Cabrera de formalizar y continuar la investigación preparatoria  por el supuesto delito de colusión agravada en contra del gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, de su exgerenta de Desarrollo Social, Luz Rodríguez Ramos, su exgerente general y ahora asesor Luis Briceño, la subgerente de Desarrollo Institucional y Sistemas, Ada Gonzáles Soto; el exdirector regional de Asesoría Jurídica, Kaid Lavado Loarte; el abogado especialista de la Oficina de Asesoría Jurídica, Frey Nájera Valentín; del especialista en Desarrollo de Sistemas de la Subgerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas, Darwin Frank Campos Soto; y del técnico administrativo de la Unidad de Almacén de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, Limber García Tafur.

Y también en contra del gerente general de la empresa Pomme Corporativo SRL, Luis Bedregal Gonzáles, que vendió las laptops Lenovo al Gobierno Regional; y del apoderado de Leonovo (empresa Asia Pacific sucursal del Perú), Diego Hugo Bances Ballón.

Pero además, el fiscal formalizó investigación contra Luis Felipe Serna Acosta, representante legal de la empresa Grupo Deltron S.A. por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, al realizar una falsa declaración en la auditoría de cumplimiento al Gobierno Regional de Huánuco.

Mientras continúa la investigación, el fiscal Carrión ha pedido que se dicte prisión preventiva para Juan Alvarado, sus exfuncionarios Luz Rodríguez Ramos y Darwin Frank Campos Soto y para el empresario Luis Bedregal Gonzáles.

En conclusión (…), el Gobierno Regional de Huánuco recibió computadoras portátiles que fueron adulteradas en relación al número de parte y fueron reensambladas para cambiarle el disco duro»

DIRECCIONAMIENTO

El proceso para comprar las laptops comenzó el 24 de octubre del 2019, cuando la entonces gerente de Desarrollo Social, Luz Rodríguez, aprobó, con resolución el estudio definitivo del proyecto de inversión denominado «Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación», elaborado por Edwin Martínez Vásquez.

Con el estudio aprobado, el entonces subgerente de Desarrollo Humano e Inversión Social, Augusto Vásquez Solís, solicitó, mediante informe del 18 de noviembre, el inicio del proceso de adjudicación de laptops y pidió a la Subgerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas a cargo Ada Gonzáles, una opinión técnica y valide las especificaciones técnicas de las computadoras portátiles que se iban a comprar.

Dos días después, Ada Gonzáles envía a Vásquez un informe con el «formato de características técnicas para adquisiciones n.º 0002-GRH-GRPPAT/SGDIS» de fecha 19 de noviembre y firmado por Darwin Frank Campos Soto como «especialista de Desarrollo de Sistemas».

Es en este  formato que comienza el direccionamiento a favor de Lenovo, según la tesis fiscal. Sin justificación alguna —dice el fiscal— en este formato se agregaron dos programas adicionales: Utilitarios System Update y Vantage, «los cuales coinciden con la marca Lenovo, pues estas son de propiedad de dicha marca», advierte Carrión Cabrera: «Las características técnicas de las laptops estaban direccionadas a una sola marca».

Al día siguiente, 21 de noviembre, el programador del Plan Anual de Contrataciones (PAC), Edilberto Espinoza, advierte al jefe de Logística que las características del equipo a contratar «se podría generar como una barrera de libre acceso a la pluralidad de postores y marcas» y pidió un informe técnico sustentante.

Ese mismo día, un informe con una firma contigua a una x y sobre el sello posfirma de Augusto Vásquez, dirigido a Luz Rodríguez se contradice la observación de Espinoza y se indica «que las características técnicas ya fueron validadas por el área de sistemas…»

Y entonces el 2 de diciembre llegó la observación del director de Logística, David Martel. Al informar que no fue posible publicar la orden de compra electrónica n.º 465578-2019 de Acuerdo Marco, por observaciones de una empresa a la contratación con fichas de una sola marca», pidió  «un informe técnico sustentatorio del área usuaria y con la validación de la Subgerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas».

«Es decir —dice el fiscal Carrión Cabrera— la no publicación de esta orden de compra se debió a que la representante de la empresa HP así como el representante de la empresa PC Market SAC han observado esta compra porque no garantizó una pluralidad de marcas, ofertas y postores ya que está direccionado para favorecer a la marca Lenovo que coincidentemente es la que tenía la empresa Pomme Corporativo SRL, indicio grave que una vez más demuestra el direccionamiento que se venía realizando a esta compra desde al Gerencia de Desarrolo Social a cargo de Luz Rodríguez».

Y el mismo 2 de diciembre que Logística hizo el informe, Luz Rodríguez y el especialista Darwin Campos elaboraron y firmaron el «Informe Técnico de Estandarización de Bien», que ese mismo día fue validado por la Subgerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas y derivado al director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Kaid Lavado, quien lo derivó ese mismo día al especialista legal Fredy Nájera.

Y tan solo dos días después: 4 de diciembre, Nájera derivó el proyecto de la resolución de aprobación del Informe Técnico de Estandarización de Bien a la Secretaría General que emitió la Resolución Ejecutiva Regional n.º 897-2019-GRH/GR que fue visada por la Gerencia General y firmada por el mismo gobernador regional Juan Alvarado aprobando la estandarización.

La Fiscalía ha advertido un hecho incongruente entre dicha resolución y su proyección en Asesoría Jurídica: la fecha. En efecto, el proyecto de resolución tiene fecha 4 de diciembre, pero la resolución que firmó Alvarado está fechado 2 de diciembre.

A eso se suma que Contraloría de la República concluyó que «el Informe de Estandarización de Bien no cumplió con los presupuestos legales que debieron verificarse para que proceda, de acuerdo a lo señalado en la normativa aplicable; ya que dicho Informe no justifica que la  Entidad cuente con  determinado equipamiento (…) que le obliguen a comprar laptops con las especificaciones de la marca Lenovo, en consecuencia, era más que obvio que la Oficina de Asesoría Jurídica debió advertir esta grave irregularidad antes de elaborar el proyecto de Resolución Ejecutiva Regional».

Con la resolución firmada por Alvarado, la Oficina de Logística quedó habilitada para realizar la compra de laptops a través de Perú Compras por Acuerdo Marco por 21  millones 114 mil 081.85 soles.

POMME FALSEÓ ESTOCK

Y mientras ese festinado de trámite se realizaba en el Gobierno Regional, la empresa Pomme Corporativo SRL hacía lo suyo para ser seleccionada por el Gobierno Regional.

En efecto, la Fiscalía ha podido establecer que para el 13 de octubre (once días antes de que Luz Rodríguez apruebe el estudio para comprar las laptops), Pomme Corporativo publicó en el catálogo público de Perú Compras que tenía en estock 1 laptop Lenovo con número de parte 20NEORGOO.

Sin embargo, para el 28 de octubre (cuatro días después que Rodríguez aprobó el estudio para la compra de las laptops), Pomme varió en Perú Compras la cantidad de estock de laptops Lenovo, de 1 a 19 993 unidades con el mismo número de parte y las mismas característica que luego el Gobierno Regional aprobaría comprar.

«Al falsear la información  respecto a la cantidad de equipos con los que contaba, estaba habilitado para poder ser seleccionado por el Gobierno Regional de Huánuco mediante la  plataforma de Perú Compras, ya que de acuerdo al procedimiento establecido, la plataforma mostrará al proveedor que  cuente con stock mayor o igual a uno de la cantidad requerida, lo que efectivamente ocurrió,  logrando que se emita las órdenes de compra a su favor» el 10 de diciembre del 2019, señala el fiscal en su disposición.

La Fiscalía estableció que Pomme falseó esta información porque las laptops que entregó al Gobierno Regional —según pudo establecer la Contraloría— fueron fabricadas y vendidas por la transnacional Lenovo PC KJ Limited al Grupo Delton el 19 de diciembre y 26 de diciembre del 2019. Y el Grupo Delton vendió 8 000 laptops a Pomme.

DIFERENTES CARACTERÍSTICAS

Otro hecho que confirma la falsedad del estock de Pomme es que la comisión auditora también halló que el proveedor adulteró el número de parte de la laptop 20NES0QU00 por 20NES0RG00 que era el requerido por el Gobierno Regional y cambió la etiqueta de la caja con dicha numeración. Además, cambió el disco duro de 256 GB con el que fue importado de fábrica para colocar otro de un terabyte de capacidad y las características técnicas de los software «no se encontraron de conformidad a las órdenes de compra emitidas al proveedor».

«En conclusión (…), el Gobierno Regional de Huánuco recibió computadoras portátiles que fueron adulteradas en relación al número de parte y fueron reensambladas para cambiarle el disco duro», señala el fiscal.

CELERIDAD

Sin embargo, el 30 de diciembre el jefe de Almacén, Limber García, dio la conformidad de la recepción de 7 995 laptops, con guías de remisión 29 de diciembre. Y el mismo 30 de diciembre Darwin Campos emitió el informe de verificación de todas las laptops señalando que «lo ofertado en la orden de compra cumple con lo ofertado en los documentos». Y en el día la subgerente Ada Gonzáles aprobó ese informe. Y el mismo 30, Luz Rodríguez remite a la Oficina de Administración la conformidad de compra de las laptops.

«Nuevamente se advierte una celeridad inusitada», dice el fiscal al advertir que de nuevo se falseó información.

En efecto, de acuerdo con los documentos del Grupo Delton, era imposible que Pomme tenga para el 30 de diciembre las 7995 laptops, pues el agente aduanero que las importó: Gestión Aduanera y Logística SAC, entregó entre las 5.54 y 6.39 de la tarde del 28 de diciembre 7891 laptops al Grupo Deltron con sede en Lima que  recién el 30 de diciembre las entregó a Pomme.

Las restantes 109 computadoras que compró Pomme le fueron entregadas a Deltron recién el 6 de enero del 2020.

Aquí, el fiscal advierte —basado en el informe de Contraloría— que el Gobierno Regional debió aplicar penalidad por cada día de retraso injustificado en la entrega de los bienes hasta por 2 millones 111 408.19 soles. Y como las laptops estaban adulteradas, reensambladas y sin los softwares completos el Gobierno Regional se vio perjudicado por el total pagado por dichos equipos: 21 114 08185 soles, que sumados a los más de 2 millones de multa no cobrados, el perjuicio económico —según la Contraloría— alcanzó los 23 millones 225 mil 490.04 soles.

Otro hecho que advierte el fiscal es que Luz Rodríguez conformó el comité de recepción de las laptops recién el 31 de diciembre, un día después de haberse dado la conformidad de recepción.

IMPLICADOS

Y el apoderado de Lenovo, Diego Bances, se ve involucrado en este caso como «partícipe del delito contra la administración pública-colusión agravada» por haber emitido al Gobierno Regional el certificado de autenticidad y de garantía por 36 meses de las laptops Lenovo Thinkpad E495 con número de parte 20NES0RG00 y disco duro de 1 TB, no obstante que no correspondían a la característica original del producto.

El documento de Bances sirvió para que el Gobierno Regional de la conformidad de bienes «que debían ser al 100 % originales y de primer uso, no reensamblados ni reacondicionados» como lo establecía la ficha de compra.

En el caso de Luis Serna, representante legal de Deltron es acusado del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, porque le dijo a los auditores de la Contraloría que vendieron 7 995 computadoras portátiles Lenovo con 1 terabyte de almacenamiento y que estas incluían licencias de los programas requeridos emitidas por los mismos fabricantes. «Sin embargo, de la recopilación de información a la documentación de importación  de las com­putadoras portátiles, se evidenció que la capacidad de almacenamiento de dichos bienes fue de 256 GB; concluyéndose que se entregaron  computadoras reensambladas.  Aunado a ello, se evi­denció que hasta el 30 de diciembre del 2019 el Grupo Deltron S.A., solo pudo haber entrega­ do 7891  computadoras portátiles al Proveedor Pomme Corporativo  S.R.L., y no los 7995 como informó; además, se tiene de las declaraciones aduaneras que el único programa de cómputo declarado fue Windows 10 Profesional, y no la totalidad que requirió la entidad», sostiene el fiscal para fundamentar su imputación contra el ejecutivo.