Más de 200 empresas mineras ilegales contaminan ríos y bosques de Puerto Inca

Más de 200 empresas mineras ilegales operan en Puerto Inca contaminando los ríos y bosques de esa provincia. Las autoridades advierten que Puerto Inca terminará como el departamento de Madre de Dios, desolado por la contaminación minera.

Con el aval de algunas comunidades nativas, la minería ilegal en esa provincia selvática ha escalado preocupantemente. Se estima que en los últimos cuatro años se ha expandido en más de 500 hectáreas.

«El problema es grande. La misma mafia que operaba en Madre de Dios está llegando a Puerto Inca», advirtió el director regional de Energía y Minas, José Mendoza Huerta, en conferencia de prensa.

La contaminación es incontrolable, sobre todo en las cuencas de los ríos. El río Pachitea es uno de los más afectados por los residuos que vierten las operaciones mineras, de acuerdo con el gobernador regional, Erasmo Fernández.

Ya el año pasado una comisión investigadora del Consejo Regional advertía del incremento de la actividad minera en esa provincia. «Las aguas del río San Pablo Sinaí y Pintuyacu están completamente turbias y no son aptas para el consumo humano», advirtió el informe de la comisión que presidió el consejero Amancio del Águila.

Dicha comisión también recomendó la salida de José Mendoza de la DREM por «su incompetencia para resolver los problemas de su sector»; no obstante, al asumir la Gobernación Regional, Erasmo Fernández lo repuso en el cargo.

Según se informó, el principal factor para el avance de la minería informal es que algunas comunidades nativas han cedido sus tierras para que operen los mineros informales a cambio de 20 mil a 30 mil soles por hectárea.

«En la zona del núcleo, en la zona de amortiguamiento y en la zona de reserva nacional comunera de los nativos existe un señor llamado José Juanampa. Este señor está negociando con las tierras de las comunidades nativas. Los nativos les han dado permiso para que trabajen», acusó el funcionario.

Se trataría de las comunidades nativas de Tzamiri y Paucarcito. Y cuando funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) intentaron realizar operativos contra la minería informal en la zona «los nativos nos interceptaron e iban a emboscarnos con sus flechas», según contó.

MÁS DE 200 ILEGALES

Para que un minero pueda operar necesita, primero, registrarse en el sistema del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) del Ministerio de Energía y Minas. En la provincia de Puerto Inca hay un total de 253 pequeñas mineras registradas.

Pero no basta con registrase en el Reinfo. Los mineros en proceso de formalización también deben ser autorizados por la DREM. Aquí yace el problema, pues de las más de 250 empresas mineras registradas, solo 18 están autorizadas, según dio a conocer el titular de la DREM.

Únicamente estos 18 operan bajo «la inspección y supervisión de la DREM, cumpliendo con las normas ambientales y respetando los bosques», anotó el gobernador regional, Erasmo Fernández. El resto, «actúan de forma ilegal», sentenció.

Pero ni siquiera todos los 18 inscritos en la DREM son correctamente supervisados y algunos de ellos operan sin cuidado alguno del medioambiente, según declaró el gobernador regional. Solo 4 a 5 concesiones trabajan con tecnología limpia.

«Hemos encontrado que muchos tienen autorización en una zona pero trabajan en otra. Otros están alquilando su autorización», detalló.

URGE INTERVENCIÓN DEL MINEM

«Yo reclamo la presencia del Ministerio de Ambiente y de Energía y Minas, y que no solo sean reuniones vía Zoom. Necesitamos que estén allá y nos acompañen», demandó el gobernador regional.

Erasmo Fernández reclamó que hay ausencia de autoridades en la zona; ni siquiera hay una sede del Ministerio Público. «Es cierto que le corresponde al Gobierno Regional, pero no podemos hacerlo solos», indicó.

Además, denunció presuntos actos de corrupción en las autoridades de Puerto Inca «porque los mineros llegan con dinero y compran conciencias, no solo de los nativos. Hay posibles actividades corruptas que permitirían el ingreso de equipos y maquinarias», denunció la autoridad regional.