Municipalidad Provincial de Huánuco pagó por deficiente reparación de rejillas de drenaje pluvial
Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huánuco pagaron por la deficiente instalación de rejillas para el drenaje pluvial de los jirones Huánuco y Dámaso Beraún, las cuales no son desmontables ni tienen la compuerta que facilite la limpieza de los sumideros, pero a pesar de ello se pagó por un servicio deficiente, informó la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el Informe de Control Especifico n.° 045-2023-2-0401-SCE en el 2021, la Municipalidad Provincial de Huánuco ejecutó por administración directa la reparación del drenaje pluvial, para ello contrataron a Eulogia Aurelia Gálvez Mora para que realice los trabajos de fabricación e instalación de rejillas con compuerta y desmontables que permitan la limpieza de los sumideros y eviten inundaciones de las calles o el atoro de las vías colectoras en épocas de lluvia.
Sin embargo, este servicio no se brindó, solo hay evidencia de fotos de trabajos de soldadura que fueron realizados en horas de la noche y fuera del plazo. Además, no cumple con las características planteadas por el área solicitante de la entidad, a pesar de ello otorgaron la conformidad del servicio, como si se hubiera realizado al 100 %.
Estos trabajos deficientes ocasionaron perjuicio en contra de la entidad por S/ 32 890 ya que los funcionarios no verificaron la correcta instalación de rejillas tipo compuerta y desmontables. Este proyecto se inició en el 2021 y en febrero del 2022 la obra fue recepcionada y aprobada su liquidación por S/ 161 368 a pesar de las deficiencias que presentaba.
La Contraloría hallo responsabilidad penal en seis actuales funcionarios y un ex servidor Masías Jesús Estacio Bazán (gerente de Desarrollo Local), Christian Orlando Sotelo de la Torre (subgerente de Ejecución de Proyectos), Jean Pool Jesús Pajuelo Huerto (subgerente de Ejecución de Proyectos), Andrés Fernando Martel Huatuco (Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras), Nino Darling Aguilar Ponce (residente de la IOARR) y Reyder Alexander Lambruschini Espinoza (supervisor de la IOARR).
Adicionalmente en dos de ellos también se encontró responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría por haber tramitado el pago a la empresa que incumplió la instalación de rejillas.
La Contraloría dijo que recomendó al alcalde al deslinde responsabilidades en los servidores públicos comprendidos en los hechos observados.