OCMA deberá pronunciarse por caso de contratos de familiares de jueces con instituciones del Estado

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) deberá pronunciarse sobre las denuncias en contra de tres expresidentes de la Corte Superior de Justicia de Huánuco porque sus familiares habrían firmado contratos con instituciones del Estado en la jurisdicción del Distrito Judicial de Huánuco, no obstante estar prohibidos por la Ley de Contrataciones.

Así lo hizo saber el jefe de la Odecma Huánuco, Alberto Berger, al hacer precisiones con relación a una publicación realizadas ayer por este diario con relación a sus declaraciones sobre el caso del juez superior César Gonzáles cuyo hermano ha firmado contratos de obras en Huánuco, según reportes de la Contraloría General.

Berger precisó que si bien una denuncia al respecto fue archivada en la gestión de su antecesor porque no revestía carácter discipliniario a principios de año ingresó otra denuncia similar pero esta vez involucrando a tres magistrados que desempeñaron el cargo de presidentes de Corte.

Refirio que como en la denuncia lo mencionan por haber formado parte de una sala que emitió una denuncia, decidió apartarse para evitar suspicacias y lo derivó al juez Eloy Cupe quien resolvió remitir copias al Ministerio Público porque los hechos podrían suponer ilícitos penales y a la OCMA por tratarse de expresidentes de Corte.

«La OCMA tendrá que pronunciarse sobre ello y determinará si tiene la competencia o devolvernos el caso», indicó el jefe de Odecma quien consideró importante el pronunciamiento de la OCMA para el deslinde de responsabilidades.

Berger aclaró también que no ha afirmado que no sea competencia de Odecma ver las quejas sobre los contratos de familiares de magistrados con el Estado, sino que cada caso debe analizarse. «Evaluando los hechos denunciados se puede determinar la competencia o no», apuntó.

     
 

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