Presentan acción de amparo contra obra de la PTAR
Los pobladores de la comunidad campesina de Santa María del Valle han presentado una demanda de amparo para evitar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en su distrito. Ellos afirman que la PTAR generará malos olores, infecciones y enfermedades.
«La construcción de la PTAR será un desastre socioambiental para Santa María del Valle», acusó el abogado Luis de La Rosa, defensor de los pobladores que se oponen a su construcción.
Según explicó de La Rosa, el proyecto de la PTAR vulnera el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política, el cual señala que el deber primordial del Estado es «garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida».
«Ese mismo PTAR ha sido construido en San Gerónimo, en Cusco, y desde el año 2015 la población adyacente ha denunciado contaminación ambiental, malestar estomacal, propagación de roedores», denunció.
La demanda de amparo, con más de 300 medios probatorios de que el proyecto es antitécnico –según dijo- ha sido admitida por el Segundo Juzgado Civil de Huánuco.
El abogado explicó que una PTAR no puede construirse a menos de mil metros de la población, pero en este caso a menos de 500 metros se encuentra la población de la comunidad campesina del Valle.
«Esta obra contraviene con la expansión urbana del distrito de Santa María del Valle», apuntó.
Otra observación de los pobladores es que la zona donde se piensa erigir la PTAR «está declarada zona intangible. Es decir, en esta zona está prohibido crear estos proyectos».
La PTAR que mitigará la contaminación del río Huallaga se encuentra en etapa de preinversión desde hace más de dos años. La población hasta ahora no ha aceptado su construcción.
«Venimos luchando desde el año 2019 porque estamos viendo que va a generar contaminación. Simplemente pedimos que se reubique a otro lugar, como Rancho, donde también hay un terreno», exclamó la presidenta del Comité de Defensa contra la PTAR, Zoila Carrillo.
«El centralismo está dando la espalda a los pueblos y se están ejecutando obras desde Lima sin consultar a la población sobre estos proyectos», añadió.
SIN SOCIALIZAR
El Ministerio de Vivienda contrató a la empresa consultora JGP para que socialice el proyecto con los comuneros. Pero, según denunciaron, los trabajadores de JGP «hicieron firmar documentos con engaños».
Como prueba, el abogado presentó más de 20 declaraciones juradas de pobladores de la zona en las que, además, se afirma que «les dieron dádivas para que firmen los documentos como que están de acuerdo con la construcción de la PTAR».
«Me hizo firmar papeles con el engaño de que en mi domicilio nos iban a instalar agua y desagüe y que nos iban a dar trabajo y nos entregaron una mochila; pero a la fecha me he puesto de conocimiento de que dichos documentos los están usando como que los vecinos están de acuerdo con la construcción de la PTAR, lo cual es absolutamente falso», se lee en una de las declaraciones juradas
Estos documentos, aseveró Luis de La Rosa, ya están en poder de la Fiscalía Anticorrupción para que tome acciones contra Patricia Terrones, especialista social de la empresa JPG.