Sentencian por corrupción a dos exfucionarios de la Municipalidad de Huánuco

A cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, inhabilitación para ejercer función pública por dos años y al pago solidario de 365,533.46 soles como reparación civil y  25 000 por daño patrimonial a favor de la Municipalidad Provincial de Huánuco, fueron condenados dos exfuncionarios de la Municipalidad de Huánuco, un supervisor de obra y el representante legal del consorcio que construyó las aulas del colegio Milagro de Fátim.

Se trata de Kevin Dueñas Carbajal y Napoleon Huere Rosas, gerente de Desarrollo Local y subgerente de Proyectos y Obras Públicas en la gestión del entonces alcalde provincial de Huánuco Jesús «Koko» Giles Alipázaga.

Los otros dos sentenciados son Raldy Oliva Sánchez, representante legal del “Consorcio Futuro Andino” que ejecutó la obra financiada por la Municipaldiad Provincial de Huánuco y Víctor Pereira Rivas, supervisor de la millonaria obra.

Para que el Juzgado Anticorrupción los declare culpables del delito de colusión simple y les imponga dicha condena, la fiscal adjunta del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, Sally Cindy Apolín Jara, demostró en juicio la responsabilidad de cada uno de ellos.

De acuerdo con su teoría del caso, Kevin Dueñas Carbajal y Napoleón Huere Rosas, en su condición de funcionarios de la Municipalidad de Huánuco, aprobaron irregularmente los expedientes adicionales n.° 1 y n.° 2 a solicitud y a favor del Consorcio Futuro Andino, que ejecutaba el proyecto “Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la Institución Educativa Milagro de Fátima de Huánuco”.

En el juicio la fiscal demostró que dichos adicionales resultaron innecesarios e injustificables para alcanzar la finalidad del contrato.

Estos hechos no habrían sido observados por quien en ese entonces era el supervisor de obras Victor Pereira Rivas, habiendo promovido conjuntamente los ilícitos que contravenían en esencia la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo con un reporte del Ministerio Público.

     
 

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