Trabajadores despedidos del hospital temen que no les peguen deuda de tres meses

Los 288 trabajadores despedidos del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano ahora temen que no les paguen sus haberes, que el nosocomio les adeuda desde el mes de marzo.

«Nuestra deuda la van a declarar como deuda social ante el Ministerio de Economía. ¡Imagínense, en cuántos años nos van a pagar!», reclamó una de las enfermeras perjudicadas, Janeth Andrés Hilario, durante la sesión del Consejo Regional adonde fueron buscando apoyo para evitar perder sus puestos de trabajo.

«Acudimos a esta mesa para pedir el apoyo del Consejo porque hemos estado trabajando y no nos han reconocido. Hay familias que se están quedando sin sueldo», se quejó.

El contrato CAS de estos 288 profesionales vencía el 31 de diciembre del año pasado, pero se amplió por tres meses, pese a que no se tenía presupuesto para pagarles.  «De esa adenda solo nos han pagado de los meses de enero y febrero, pero marzo aún no nos han pagado», agregó la enfermera.

Y debido a que no hay presupuesto para pagarles desde el 1 de junio ya no tienen rol de turnos en el hospital; pero ni siquiera se les cursó una carta de agradecimiento, por lo que ellos aducen que se trata de un despido arbitrario.

Ayer el Consejo Regional acordó «recomendar al Gobierno Regional el pago y la continuidad de los trabajadores CAS» que fueron despedidos.

Además, la Comisión de Asuntos Legales del Consejo Regional, que preside el consejero Iban Albornoz, investigará el caso para «determinar las responsabilidades» de los funcionarios que hayan generado este problema.

De acuerdo con Iban Albornoz, el contrato de los trabajadores establece que si no se les notifica a tiempo del despido, la adenda se amplía automáticamente por tres meses más.

«Al haberse ampliado de manera automática la adenda, las plazas del hospital estarían cubiertas, y al no permitir que continúen trabajando se estaría generando un perjuicio al Gobierno Regional, porque igual se les tendrá que pagar», advirtió el consejero.

“NO SOMOS ILEGALES”

Los profesionales respondieron al gerente regional de Desarrollo Social, Gustavo Alvarado Coz, quien anteriormente refirió que la adenda que se les firmó es ilegal y por ende no tienen vínculo laboral con el Gobierno Regional.

«El gerente nos ofende cuando nos dice ilegales. Los 288 trabajadores han ingresado por concurso, firmamos un contrato y se nos hizo adenda en el marco de la ley. No somos ilegales», sentenció José Valle, uno de los enfermeros despedidos.

Se informó que en 15 días el Consejo Regional citará a Gustavo Alvarado y al director del hospital para que informen lo sucedido con dichos trabajadores.