COVID-19 y retos ambientales pendientes en el Perú
Andrés Dulanto Tello / Docente de la Clínica de Litigación Ambiental de la Universidad Científica del Sur
En el Perú, un país megadiverso, mantener condiciones de sostenibilidad es una tarea más compleja y más aún en este contexto de pandemia. El sector ambiente y las diversas instituciones ambientales peruanas todavía enfrentan problemas que involucran la gobernanza pública, deforestación, conflictos socioambientales, industrias extractivas sin controles adecuados, uso irracional de recursos naturales, entre otros. Madre de Dios sigue siendo uno de los peores desastres ambientales en el Perú y no cuenta con una respuesta definitiva por parte del Estado peruano
Lamentablemente, la crisis del COVID-19 ha agravado algunos de estos problemas: alrededor de 1,800 comunidades nativas de la Amazonía peruana estarían en riesgo de contagiarse de esta enfermedad, de acuerdo con Francisco Hernández, presidente de la Fecotyba. La protección de nuestros principales defensores ambientales es fundamental y en eso el Congreso tiene la gran tarea pendiente de aprobar el Acuerdo de Escazú, que por primera vez en el mundo incluye una disposición obligatoria para los estados respecto a la incorporación de un protocolo para la defensa de estos líderes en la conservación del ambiente. Si queremos evitar que se sigan asesinando y amedrentando a estos defensores, es necesaria la ratificación de Escazú.
El entorno urbano y la defensa de estándares de calidad ambiental para ellas también es importante. Lamentablemente, en las últimas semanas las noticias nos muestran una foto momentánea de la mejora de la calidad ambiental por las cuarentenas, pero también ha permitido resaltar nuestras deficiencias en temas como residuos sólidos. El Minam ha emitido diversas normativas sobre la segregación, sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la segregación en casa, si es que no existen asociaciones de recicladores y municipalidades que las articulen para el reaprovechamiento. Asimismo, el sector ambiente tampoco ha afrontado la creciente generación de residuos hospitalarios: en Lima y en provincias como Ica se vienen realizando diversas denuncias por el mal manejo de esta clase de desechos.
El principal logro ambiental de este gobierno también está en riesgo: la Ley que regula los plásticos de un solo uso ha quedado en letra muerta debido a que varios protocolos sectoriales fomentan el uso de este material y empresas privadas vuelven a su uso so pretexto de ser un material aislante del COVID-19, lo cual es inexacto de acuerdo con estudios de la Universidad de Nueva Inglaterra. Hace poco se emitió el D.S. 110-2020-PCM que parece quiere corregir esta situación con una norma declarativa que indica que sigue en vigencia la Ley Nº 30884.
Como vemos con el caso de Escazú, a veces es necesaria la emisión de normas para asegurar cambios en materia ambiental, sin embargo, en temas como el de residuos sólidos, observamos que normas reiterativas no aportan. En el sector ambiente se necesita que las capacidades de gestión estén enfocadas en la implementación de objetivos de la agenda nacional del ambiente, más que en la producción de nuevas normas.
Por otra parte, la recuperación post COVID trae el gran reto de sentar las bases de una economía que considere parámetros de sostenibilidad. Al respecto, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson comentó lo siguiente: “Las naciones comenzarán a salir del bloqueo y buscarán encender sus economías una vez más. Cuando eso suceda, será deber de todo gobierno responsable (…) reconstruir de una manera que resista el paso del tiempo. Eso significa invertir en industrias e infraestructura que pueden cambiar el rumbo del cambio climático.”
Durante el Diálogo Climático de Petersberg realizado en abril pasado, los gobiernos se reunieron para acordar algunos lineamientos que pudiera aplicar todo país a su plan de recuperación económica: crecimiento alineado con objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible, una recuperación que incluya a países en desarrollo y contribuciones nacionales de GEI no deben ser pospuestas. Sin un cumplimiento cabal de estos lineamientos, no estaremos preparados para una futura pandemia y la gran amenaza del cambio climático.