Defender la Defensoría
Desde que se introdujo en la Constitución Política de 1993, quizás el mayor acierto de aquella, la Defensoría del Pueblo generó mucha expectativa, aunque en el contexto de la dictadura de Alberto Fujimori existía la preocupación que fuese desde su origen desvirtuada.
Reconocido como un organismo constitucionalmente autónomo, el mandato de la Defensoría del Pueblo se instituyó así: defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía (art. 162 de la Constitución).
Se tuvo que esperar tres años para que la Defensoría empiece a funcionar, y eso ocurrió el 11 de setiembre de 1996, meses después del nombramiento de Jorge Santistevan de Noriega, como primer Defensor del Pueblo. Se trataba de un jurista peruano que, pese a una destacada trayectoria, parte de ella realizada fuera del país, era poco conocido entre los congresistas que le eligieron. Quizás eso explique su designación.
Santistevan de Noriega fue un personaje clave para empezar a resolver el drama de los miles de inocentes en prisión, lo cual se logró a través de una Comisión Ad-Hoc, mecanismo extraordinario que reveló también la creatividad y sensibilidad de un equipo que, al comprometerse con esa causa, permeó lo que sería la Defensoría del Pueblo hasta hoy.
Errores o desaciertos seguramente ha habido, lo que resalto es que al enfrentar varios de los más graves problemas que afectan los derechos de las personas y comunidades, la Defensoría ganó legitimidad y el respeto de la mayoría de instituciones y de la población.
En un país como el nuestro, con una muy escasa confianza en las instituciones del Estado, es necesario defender principalmente a las que cumplen su rol, y hacer todos los esfuerzos para recuperar aquellas otras que han abdicado a sus funciones.
Hago esa referencia histórica para indicar que el desempeño de Eliana Revollar, la Defensora del Pueblo encargada, y su equipo, en el contexto de la violencia que ocurre en nuestro país desde diciembre de 2022, no es una novedad. Creo que la Defensoría es la única institución del Estado que en las actuales circunstancias está actuando conforme a su misión constitucional, y corresponde reconocerlo.
Pero, así como lo referido no es ninguna primicia, tampoco lo es la animadversión hacia la Defensoría de diversos sectores que, a través de maniobras y campañas, siguen intentando desacreditarla. Les molesta su independencia, y que no tenga reparos en decirle al Congreso y al Poder Ejecutivo que « … la forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días».
Por eso la hostilidad de medios y de grupos repugnantes, como ese que se hace llamar “la resistencia”, que acosan intentando corroer todo aquello que cuestione la arbitrariedad y que, como la Defensoría del Pueblo, evidencie su firme compromiso con los derechos de la gente.
En un país como el nuestro, con una muy escasa confianza en las instituciones del Estado, es necesario defender principalmente a las que cumplen su rol, y hacer todos los esfuerzos para recuperar aquellas otras que han abdicado a sus funciones.
Es una forma concreta de defender la democracia y, al hacerlo, asumir nuestra responsabilidad en la defensa y promoción de los derechos de todas y todos.