El Ejecutivo se ha retractado acerca de la promulgación del Decreto Legislativo 1605, la Policía ya no va a dirigir la investigación de delitos, sino continuará haciéndolo el Ministerio Público

1.- Algún asesor que no ha estudiado Derecho en una universidad «negocio», ha tenido el tino de aconsejar a la usurpadora y al «carnicero» Otárola que se derogue el Decreto Legislativo 1605, por ser manifiestamente inconstitucional en su totalidad. De manera que continuará dirigiéndola el Ministerio Público la investigación de delitos. Tiene que ser así, pues nuestra ciencia procesal penal no debe discurrir a contrapelo de la dogmática penal, de la política criminal, conforme se desarrolla en los países de América Latina, con el aporte doctrinario de grandes procesalistas como los argentinos Julio Maier, Alberto Binder, entre otros, que a su vez bebieron de diversas fuentes. Lo que se necesita es realizar algunas modificatorias:

A) Abandonar en lo posible el modelo escriturario.

B) Desterrar el uso y abuso de copias.

C) Regular adecuadamente la utilización de los incidentes.

D) Se debe concientizar a las partes para que sepan lo que significa el garantismo procesal, principalmente al Juez, en razón a que lo interpretan y aplican tergiversando las enseñanzas teóricas de los padres del garantismo, así, para empezar, deben leer y estudiar la emblemática obra «Derecho y Razón» de Luigi Ferrajoli, y otros latinoamericanos t Julio Maier, Alberto Binder, Alberto Bovino; peruanos como el maestro Florencio Mixan Más, el maestro Víctor Cubas Villanueva, el penalista José Hurtado Pozo, entre otros; y así como la pléyade de procesalistas colombianos, chilenos, españoles, etc.

E) Restructurar la plana docente de la Academia de la Magistratura, para dejar de lado la concepción errada que tienen al «enseñar» la elaboración de dictámenes y pronunciamientos kilométricos; dizque para que el juez entienda bien los planteamientos de la teoría del caso. Esto es un craso error de redundancia. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo los operadores fiscales y asistentes, que llegan al colmo de realizar una acusación en caso de omisión a la asistencia familiar, de 55 páginas. Cuando realizábamos visitas de Control Interno al advertir este dispendio de tiempo, planteábamos que no debe sobrepasar de 5 o 8 páginas. Los fiscales visitados replicaban que así les enseñan en la Academia de la Magistratura. Pues, si alguna costumbre de dictaminar kilométricamente está reñida con la razón y la inteligencia, entonces seamos contestatarios, sin miedo a nada ni a nadie. Si un dictamen o pronunciamiento está bien o adecuadamente fundamentado, sería una bestialidad que alguien lo cuestione.

F) Se debe desterrar la costumbre de muchos fiscales de leer su pronunciamiento o dictamen, ya que revela mediocridad, como si no hubieran preparado ellos mismos (mala práctica que ocurre también cuando hacen el uso de la palabra en algún evento).

G) Para el nombramiento de fiscales y jueces se debe exigir perfiles adecuados a la función que desempeñan o van a desempeñar: «Que lean, que tengan hábito de lectura, entendiendo y aplicando en la práctica». De lo contrario van a tener el perfil o mediocridad que tienen los actuales fiscales (muchos de ellos) que con los meros informes policiales han abierto investigación preliminar contra los manifestantes pacíficos, peor aún, como si fueran Mesa de Partes han avalado todo lo referido por la Policía, incluso extendiendo la supuesta responsabilidad por el cargo de «alterar el orden», sin querer darse cuenta que las protestas tienen sustento constitucional (que es mayor a cualquier ley o norma ordinaria), de modo que si pudieran interpretarse los hechos solamente teniendo en cuenta la tipicidad al margen de la Constitución, se han convertido los casos en kafkianos, más que ignorancia actúan así por miedo a los superiores, no quieren malquistarse con el sistema penal que por cierto con la caída de la fiscal suspendida, se ha amenguado las barrabasadas que hacían. Pero próximamente se les va a imputar los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, etc., en perjuicio de nuestra población que en contraposición acertadamente han acuñado las frases: «Siempre de pie, nunca de rodillas», «aquí estamos luchando, el miedo se acabó».

2.- Muchos compatriotas esgrimen como slogan de protesta: «Abajo Dina asesina», «Fuera carnicero Otárola». No basta que ellos caigan, ni siquiera que vayan presos. Recordemos que los grupos de poder económico van a reemplazarlos por otros similares, supuestamente con gente nueva, académicos, pero intelectuales mercenarios, que abundan bastante en nuestro país, así los Keikistas, los Montoyas, los Cuetos, los Moyanos, los Chirinos, etc., están agazapados en compás de espera cual aves de rapiña, para entrar a tallar y seguir apuntalando este sistema injusto de cosas, con la misma Constitución Política entreguista, que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Simultáneamente, la clase política conformada por derechistas e izquierdistas baten palmas para que don Pedro Castillo continúe secuestrado en Barbadillo.

3.- El inefable Aníbal Torres Vásquez en uno de estos días ha dado una entrevista ante un canal alternativo acerca de lo que se le cuestiona de ser topo porque permitió o entregó en bandeja a don Pedro castillo para que sea secuestrado, al mismo tiempo que los vacadores se frotaban las manos diciendo: «qué bueno, qué rico» y se regodeaban. Se hicieron hasta 5 actas de su detención policial con la firma de su muy autorizado abogado eventual. Veamos los argumentos nuestros:

A) Firmas que constituyen cabeza del caso, sin los cuales no se hubieran producido todos los asesinatos y genocidios con casi un centenar de víctimas y más de mil heridos que quedaron inválidos, de la sangrienta y feroz represión por las fuerzas del orden por mandato de los autores mediatos. De modo que la alegación del topo que estos actos son meros trámites administrativos, que no tienen importancia mayor. Aseveración que por cierto es un insulto a la inteligencia, pues no resiste el menor análisis procesal.

B) Después, alega el topo que el quid de la cuestión o que la justicia no le está reprochando a don Pedro Castillo por las actas firmadas sino por la tentativa del golpe de Estado, que luego lo han vacado ilegalmente. Esto último también es reprochable pero la punta del hilo de la madeja son las detenciones policiales firmadas por ambos.

C) Después alega el abogado topo que no tiene nada que ver con la designación del militar Gustavo Bobbio como jefe de Inteligencia de todas las fuerzas del orden. Falta groseramente a la verdad este abogado de marras, pues tal Bobbio coordinaba y daba cuenta de sus acciones al premier que era el topo, obviando al presidente de la república (que en el año 1985 y siguientes fue asesor del genocida Nicolás de Bari Hermoza, durante la dictadura que también integró éste).

D) En 1995 el genocida Fujimori lo designó como integrante de la Comisión Interventora a la universidad de San Marcos, en cuya gestión elaboró una lista de medio millar de estudiantes sanmarquinos, quienes fueron expulsados por la dictadura. Además, elaboró otra lista similar, la entregó a la dictadura, y que estos últimos estudiantes desaparecieron para siempre ¿fue una ejecución extrajudicial por meras sospechas de ser terroristas? De estos temas, conoce la periodista sanmarquina Jazmín Díaz Gavilán, quien por esa época estudiaba en dicha universidad, además también conoce el abogado penalista Guillermo Olivera Díaz.

E) Aníbal Torres laboró directamente con don Pedro Castillo durante su presidencia, le asesoró pésimamente, toda vez que a pesar que el pueblo en forma incesante y con vehemencia le pedía «Cierre del Congreso», no hizo caso. Al respecto, cuando se le cuestionó por qué no le aconsejó que cierre el Congreso, atinó a contestar que no lo hizo porque tiene una formación democrática (¡!). Que haga creer a su abuela, dado que así no actuó al ser integrante de la Comisión Interventora de la universidad de San Marcos, aunque alega que su misión ha sido de mero trámite, sin mayor relevancia. Le replicamos: si era irrelevante su rol, por qué aceptó la integración, si para esa fecha ya se conocía a cabalidad que el genocida Alberto Fujimori había implantado una dictadura; pues este sujeto está mintiendo descaradamente, es un farsante topo.

4.- El Congreso, el de peor gestión de toda la historia del Perú, en un alarde de desfachatez ha dispuesto otro rubro de ingresos para los congresistas con el nombre de «vales» hasta superiores a los 50 mil soles, que en total sumarían como ingresos del mes de diciembre de 2023, en total más de 100 mil soles. Esto nos trae a colación lo que se adecúa perfectamente a la canción contestaria «… sueldos millonarios para los corruptos (y ociosos) y balas y fusiles para (para reprimirlos sangrientamente) el pueblo».

Es más indignante tal actitud de aumentar sus ingresos y asignarles bonos en plena crisis económica que afronta nuestro país. En el colmo de la soberbia, el vicealmirante en retiro Jorge Montoya se oponía y se opone a las protestas y críticas que les hace el pueblo, decía: «El votante que ya nos ha preferido, ahí termina su participación, por lo que nosotros los congresistas tenemos autonomía para regular nuestras funciones, sin intromisión de nadie». Con esa lógica, es «pecado» o «delito» ser pobre, pues según él no tenemos derecho a protestar ni cuestionar nada. Este sujeto piensa como si hubiera salido de las cuevas prehistóricas o de épocas esclavistas.

5.- El congresista Roberto Chiabra, ha presentado un proyecto de ley para que el Congreso se arrogue el nombramiento y destitución de jueces y fiscales en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia. Incluso pretende que el Congreso remueva a los que tienen altos cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Apunta a que el Congreso tenga un poder total, así, siguiendo esta lógica aberrante, llevado hasta extremos es muy probable que cuando se aboquen al tema de las privatizaciones, mutatis mutandis (cambiando lo que debe cambiarse), puedan disponer la privatización de los sueños, del lugar donde uno vive, de su dormitorio, pues entonces que privaticen a la «pu… que los alumbró».

Lo que sucede es que no quieren entender deliberadamente que en una democracia deben existir instituciones que cumplen sendos roles. Esto aprendices de políticos, con poca o ninguna formación acerca del respeto al equilibrio de poderes, tienen como meta acaparar dichos roles, aprovechando su pertenencia al Congreso que se ha erigido en dictadura congresal, con el beneplácito de los grupos de poder económico. La mayoría de los países del orbe tienen definidas las funciones acerca de la selección y destitución de jueces y fiscales, precisamente para evitar que haya una dictadura, que no se avasalle las necesidades de justicia del pueblo; de otro modo no habría seguridad jurídica, que es imprescindible para la paz social, para el desarrollo socio económico. Pero, todo esto no lo va a respetar la «clase política» a la que pertenece dicho congresista, y es muy probable que le apoyen los derechistas e izquierdistas que tienen el mismo propósito.

6.- Los pobladores de Juliaca han organizado un paro, izamiento de bandera blanca y negra o a media asta, así como una misa, conmemorando un año de la represión por las fuerzas del orden contra juliaqueños, que muchos eran menores y no participaban en las protestas. Actividades que se van a extender a otras regiones que fueron también víctimas de la cruenta represión con un centenar de fallecidos y más de mil heridos, sin contar con la cifra negra debido al temor de la población de que la Policía los involucre falsamente como terroristas.

7.- El día 3-1-2024 el canal TV independiente Epicentro dirigió un debate acerca del Decreto Legislativo 1605 expedido por el Ejecutivo, ahora derogado, entre el ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva y el general PNP Ramírez.

A) El policía arguye que está de acuerdo con dicho Decreto Legislativo, dizque por que se adecúa a la Constitución Política, ya que el Art. 166 le asigna la función de investigar los delitos, en cambio al Ministerio Público no le corresponde investigar, sino conducirla, pues, no está preparado o capacitado para ello. Agrega el policía de marras que con el Código Procesal Penal se propició la inseguridad ciudadana, aumentó la delincuencia descomunalmente, por eso dicho Decreto Legislativo compone la irregularidad legislativa.

B) El maestro Víctor Cubas le replicó asaz bien que las previsiones constitucionales y otras se interpretan sistemáticamente y no unilateralmente, y eso lo debe saber el policía toda vez que afirma que es abogado. Que la policía tampoco ha seguido la capacitación debida, sino que hizo estudios de especialización después de culminar sus estudios regulares. Al respecto, nosotros agregamos que la conducción o dirección de la investigación no le prohíbe investigar, sino más bien le faculta, como director tomar declaraciones, confrontaciones, etc., y esto es también investigar. Sobre la inseguridad ciudadana es un problema que tiene causas económicas, políticas y sociales; que no se debe olvidar que las normas legales por sí solas no son la solución; que pueden ayudar a combatir la delincuencia, pero no es lo primordial per se; entra otras réplicas que nos preocupa pues es generalizada en la Policía, acoger dicho considerando del susodicho general PNP.

GLORIA A LOS CAÍDOS EN LA CRUENTA REPRESIÓN DE DICIEMBRE DE 2022 A MARZO DE 2023. CÁRCEL PARA LOS AUTORES DIRECTOS Y MEDIATOS. LIBERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE DON PEDRO CASTILLO.