El pueblo exige la pena de muerte para violadores y asesinos de menores
Director Instituto Peruano de Psicología Política
Nada hay más atroz que sentir en el alma un crimen perpetrado sobre una pequeña y frágil humanidad infantil. Ante hechos bestiales como estos, afloran nuestras más profundas sensibilidades y angustias, un sobrecogimiento moral y el temor de sabernos en una sociedad salvaje; y al dolor de la indefensión le siguen la indignación y la furia por tamaña injusticia y semejante monstruosidad.
El confundido gobierno de izquierdas dirigido por Castillo ha anunciado un proyecto de ley para aplicar la castración química a los violadores de menores; una respuesta populista y poco meditada que ni siquiera sintoniza bien con lo que la población demanda, un populismo ocioso; pues lo que la gente clama en el país mayoritariamente, es la pena de muerte para estos seres, que con sus actos renuncian a su condición humana y se ponen al nivel de enemigos de la misma humanidad, dejando de ser seres humanos para convertirse en monstruos.
¿Qué sentido tiene gastar 300 soles mensuales aplicándoles los reguladores de testosterona que cumplen la función de inhibir el deseo sexual y evitar erecciones?; ¿Por qué el gobierno nos quiere distraer con una medida costosa y lejos de las expectativas mayoritarias?
¿Qué sentido tiene gastar 300 soles mensuales aplicándoles los reguladores de testosterona que cumplen la función de inhibir el deseo sexual y evitar erecciones?»
La respuesta está en el marco legal predominante, los tratados y la cultura de derechos que algunos han elevado en nuestro país a niveles sagrados e incuestionables; una construcción teórica que, sin importar el crimen o monstruosidad cometida por alguien, debemos respetar su vida y condición de humano con derechos inviolables. Cabe preguntarnos: ¿Y la vida de quienes son desgraciados por estos monstruos?; ¿Y la vida de los cientos de niños y niñas que son violados salvajemente y luego asesinados?; ¿Esas vidas valen igual que las de sus asesinos y violadores? Humildemente creemos que no puede ser incuestionable un tratado que nos diga que vale igual un violador y asesino, que su víctima asesinada y violada de 3 años.
El altar mayor de dicho credo, en el cual la vida de Dámaris vale lo mismo que la de su secuestrador y violador, es el famoso pacto de San José de Costa Rica ratificado en el año 1978 y donde el Estado peruano renuncia a su soberanía jurídica para someterse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ese entonces y a la fecha, ha sido tan pletórica la intervención de dicha corte que han emitido 101 resoluciones a la fecha, todas ellas en contra del Estado, pues la corte sanciona al Estado no a particulares, deviniendo en muchos casos en jugosas indemnizaciones y reparaciones que han alimentado a ciertas oenegés y bufetes de abogados que son las principales defensoras de dicho pacto, pues en ello les van el faisán y el caviar. «Sería terrible salirse de la corte de derechos humanos» dicen; «Estaríamos desprotegidos ante los abusos del Estado» gritan; «No soluciona nada, es populismo» sentencian. ¿Acaso ahora, podemos sentirnos seguros y protegidos»
El otro muro que impide aplicar la pena de muerte para violadores y asesinos de menores, es la Constitución Política del Estado; pero ello no implica mayor dificultad, pues si se adopta por consenso y en atención a los clamores populares, en dos legislaturas adelantadas se puede cambiar el articulo 140 e incorporar a los delitos de traición a la patria y terrorismo, el de violación y asesinato de menores para ser penados con muerte física.
Aplicar la pena de muerte a violadores y asesinos no solo es viable, es necesario; pues es totalmente inmoral y absurdo partir de la premisa que la vida del asesino y el asesinado valen igual. El libre albedrío y la libertad de acción nos imponen el deber de conducirnos con respeto por los demás y eso implica fundamentalmente, respetar la vida de los otros; sobre todo, de los más pequeños y vulnerables; quien no respeta la vida de seres indefensos, renuncia a su condición humana y consecuentemente a sus derechos. Estados Unidos no ha suscrito el pacto de San José y no por ello, es una selva salvaje. Así que dejemos de creer ese mito «sagrado» sobre el cual se justifican, quienes hipócritamente están a favor de asesinar bebés dentro del vientre materno, pero se niegan a librarnos de violadores y asesinos de menores. El pueblo exige la pena de muerte.