Escandalosa corrupción en las adquisiciones del Estado
Julia Palomino Gonzales
Para nosotros, la corrupción afecta principalmente a las personas, atenta contra los derechos fundamentales, socava la democracia, destruye la institucionalidad democrática, impide la igualdad de oportunidades, el ejercicio de las libertades y acentúa las desigualdades. Es un acto de poder, que tiene una perspectiva política que implica una alta discrecionalidad para actuar por encima de los derechos y las expectativas de los demás.
No debemos dejar de mirar la corrupción en el sector privado, que ha ido copiando los modos y estilos del sector público.
La corrupción, que está en proceso de generalización, ha ido debilitando la cohesión social al carcomer paulatinamente un conjunto de valores importantes en la sociedad, llegando al extremo de la existencia de altos niveles de desconfianza.
En el contexto en el que nos encontramos actualmente, presenta características especiales en torno a la problemática de la corrupción. Por estas consideraciones, creo que la lucha anticorrupción no puede estar únicamente centrada en corregir la función pública para conseguir la gobernabilidad del modelo, sin cuestionar los espacios y la permisibilidad que el modelo mismo le da a los operadores de la corrupción.
Por ello el énfasis que se ha venido dando a la lucha contra la corrupción en el sector público, en la gestión pública y el uso que hacen los funcionarios públicos del patrimonio del Estado, buscando la solución y el cambio de conductas de dichos funcionarios, en la transparencia de los gastos a través de los llamados portales de transparencia informativa, en la simplificación de los procesos administrativos; en pocas palabras, en el cumplimiento fiel de las normas administrativas para la ejecución de las políticas públicas. Todo esto está evidentemente vinculado a la gestión pública y en este caso, el rol del privado para enfrentar la corrupción se reduce a la promoción de buenas prácticas desde el sector empresarial, como la adopción de códigos de ética, códigos de buen gobierno corporativo y, a nivel de la ciudadanía, en el apoyo del buen cumplimiento de la función pública a través de la vigilancia, la exigencia del cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, entre otras acciones. En el Perú, el debate sobre los enfoques en relación a la problemática de la corrupción y la manera de enfrentarla, se ha ido dando durante años, y es que, las denuncias periodísticas sobre posibles actos de corrupción sucedidos en los últimos tiempos, han dado lugar a la búsqueda de explicaciones sobre qué hace posible que las conductas de corrupción se generen.
La corrupción se centra en el uso patrimonialista del Estado por parte de los funcionarios públicos, y se refuerza la necesidad de modernizar un Estado que históricamente tiene ese problema y en el que sus funcionarios hacen uso de los bienes del Estado para beneficiarse política y económicamente, convirtiendo la administración pública en un botín. (GTCC).
Finalmente, el problema de esta modalidad de corrupción, muy vinculada a las grandes inversiones (financieras, en infraestructura, de explotación de los recursos naturales), como el historial de los proveedores y el precio de los dispositivos médicos son los principales factores de riesgo durante las compras públicas para afrontar la emergencia sanitaria, desde mascarillas y gel desinfectante, ventiladores mecánicos hasta las vacunas para atender a pacientes con Covid-19. La Emergencia sanitaria es acompañada por investigaciones a nivel periodístico, policial y fiscal sobre presuntos actos de corrupción en la adquisición de dispositivos médicos para afrontar la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción incluso intervino las oficinas de la Contraloría, máximo órgano de control de los funcionarios públicos, a raíz de una denuncia por compras con sobreprecio. Un problema anterior a esta crisis es el alcance de los datos: muchos contratos son reportados de manera incompleta o no son reportados. Por ejemplo, la convocatoria es pública, pero no la adjudicación. En la mayoría de los países latinoamericanos, los datos sobre la ejecución del contrato no son incluidos en los sitios web; así que no tenemos información sobre los pagos, las entregas de bienes o servicios, y la cantidad y calidad de estos durante la fase de entrega. (Ojo Publico).