¿Estamos entrando a un momento constituyente?
La controversia suscitada por la aprobación “express” de una reforma de la Constitución que busca proteger aún más a los congresistas y debilita a las demás instituciones del Estado, es la expresión más evidente de la necesidad de iniciar un amplio debate sobre el cambio integral del texto constitucional de 1993.
Esta necesidad ya había saltado a la luz cuándo vimos al Estado atado de manos para intervenciones puntuales, temporales y de emergencia ante efectos de la pandemia en la vida, la salud y la economía de las personas. ¿O acaso no es necesaria una entidad pública que realice actividad económica en el mercado de vacunas, ventiladores mecánicos, oxígeno medicinal y algunos medicamentos, promoviendo la innovación nacional en esos rubros, y que articule las iniciativas de investigación y desarrollo privadas o universitarias, con la demanda masiva y urgente? ¿No está claro que la inversión privada por sí sola se ha mostrado insuficiente para ofertar de manera accesible a toda persona (la salud y la vida son derechos de todo ser humano), los bienes y servicios imprescindibles en estos tiempos? ¿O no se ve que la oferta privada de servicios de transporte público con condiciones mínimas de salubridad no cubre la demanda del mismo en ninguna ciudad peruana, menos aún la demanda de transporte interprovincial seguro ? ¿Y alguien tiene duda de que las relaciones contractuales deberían poder ser modificadas por ley ante circunstancias excepcionales que cambiaron radicalmente la situación de los contrayentes, más aún si uno tiene un poder económico por su gran tamaño? ¿O de que es necesario mejorar la protección de los consumidores ante abusos de grandes vendedores? Estas preguntas llevan a revisar el actual texto constitucional.
Pero también estamos advirtiendo desde hace algunos años que los mecanismos de relación entre el Congreso y el Ejecutivo tienen que forzarse cada cierto tiempo para salir de crisis políticas coyunturales. Una adecuada regulación constitucional daría fluidez y equilibrio a estas relaciones, de modo que no tengamos cada cierto tiempo que estar en zozobra política. Del mismo modo, urge acabar con todos los privilegios instituidos para las personas a las que se les encarga altas responsabilidades de servicio público. Manteniendo los resguardos estrictamente necesarios para el cumplimiento de dichas responsabilidades.
Podríamos seguir, desde al artículo 1 al 206, advirtiendo aspectos que justifican un cambio constitucional. Pues el texto actual ya no da más, antes que por aspectos técnico jurídicos, porque no sostiene el pacto social que nos une como integrantes de una comunidad política. Sin embargo no se trata de empezar desde 0. El Perú tiene una gran tradición constituyente, que se plasmó en la Constitución de 1979, que fue promulgada un 12 de julio. Ésta fue un efectivo pacto jurídico que recogió un consenso social real: surgió para transitar a la democracia luego del gran paro nacional de 1977 y la conflictividad política y social posterior. Y en su elaboración confluyeron las más importantes corrientes de pensamiento y acción política del siglo pasado. Su preámbulo, cuya atenta lectura recomiendo, sigue vigente hoy. Allí veremos que los constituyentes estuvieron
“Decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía; una sociedad abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo”[1]
Y que a dicho ideal de sociedad, totalmente vigente se le complementó con una visión de Estado, también vigente:
“Decididos asimismo a fundar un Estado democrático, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice, a través de instituciones estables y legítimas, la plena vigencia de los derechos humanos, la independencia y la unidad de la República; la dignidad creadora del trabajo; la participación de todos en el disfrute de la riqueza; la cancelación del subdesarrollo y la injusticia; el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley; y la efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública”.
Usted que está leyendo esto, ¿considera que estos párrafos responden a las necesidades de nuestra sociedad y nuestro Estado hoy?
La Constitución de 1979 fue proyectada para recoger los frutos de las luchas sociales del siglo XX y proyectarnos hacia el siglo XXI. El presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Haya de la Torre sintetizó esta proyección en su mensaje inaugural, que incorporó aspectos tan actuales como la efectiva igualdad en derechos de las mujeres y la defensa del ambiente, además de los puntos del citado preámbulo. Es importante recordarlo porque un momento constituyente requiere de actores constituyentes, que recojan el sentir de los pueblos y los incorporen en el pacto constitucional. ¿Los tenemos ya? En cualquier caso, nos toca prepararnos para darle el marco constitucional al nuevo Perú que necesitamos.
[1]http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm