La cobranza estricta de los bancos a los deudores. Corrupción de funcionarios. Dictámenes fiscales extensos

Carlos Tucto Rodil
Abogado e investigador social

Los bancos, no dejan de hacer noticia, pues los deudores prestatarios incesantemente se quejan de ellos por las conminaciones que les hacen los bancos. La corrupción de funcionarios está en la noticia, frecuentemente. En el Ministerio Público, radica una parte de la demora de las investigaciones.

1.- BANCOS USUREROS. En un programa de televisión difunden las quejas de prestatarios en contra de los bancos que operan prácticamente en forma monopólica, toda vez que han refinanciado los préstamos, unilateralmente, sin contar con la aceptación del prestatario para cobrar un interés aproximado desde 35 % hasta 65 % porcentaje desmesuradamente diferente a lo que ellos pagan a los usuarios del banco, que es un aproximado de 3 %. Es más, ellos recibieron préstamo de dinero de la Superintendencia de Banca y Seguros dirigida por Javier Velarde con un interés que no llega ni al 1%, y en otros casos les han devuelto o condonado esta deuda, que es parte integrante del programa de «reactivación económica». Sabemos que, con los prestatarios, los bancos son muy estrictos y puntuales para cobrarles, con la amenaza de cobrarles la acumulación de intereses, o considerar el interés del interés. Se sabe también que la política de los préstamos estriba en cobrarles más interés a los prestatarios que no ofrecen como garantía bienes sobre todo inmuebles, es decir les cobran más intereses; en cambio a los que sí ofrecen garantías inmobiliarias, negocios y otros similares, los intereses son mucho menores. La explicación que dan los bancos es la de supuestamente asegurar el pago que deben realizar los deudores, de lo contrario trabajarían en pérdida. Esto es «falso de toda falsedad», pues por ejemplo Scotiabank, tiene una ganancia que sobradamente supera cualquier cifra imaginable entre 2000 millones y 5000 millones de soles anuales. Pese a ello deben a SUNAT miles de millones, por ejemplo, Scotiabank debe 1466 millones de soles; Interbank del empresario Carlos Rodríguez Pastor debe 700 millones.

DEUDAS PENDIENTES DE OTRAS EMPRESAS. Nos trae a colación las deudas pendientes de otras empresas, como telefónica que debe 4,912.033.960 millones de soles; la empresa minera las Bambas (empresa estatal china) debe 2091,144,171 millones de soles, la empresa aérea LATAM PERÚ (chilena) debe 1,075 millones de soles; etc. En total hay 99 empresas que deben a SUNAT 28,897 millones de soles (datos extraídos de «Ojo Público» de agosto de 2021). Las ganancias de estas grandes empresas continúan, pues desde hace unos meses tienen el valiosísimo apoyo o contubernio del Tribunal Constitucional, compuesto por representantes de la derecha peruana, contando también con el presidente actual Augusto Ferrero Costa (quien es socio accionista de algunas empresas). Es decir, han continuado con el copamiento de las instituciones principales o medulares de nuestro país, pues dicho tribunal es la última instancia de cualquier reclamo pertinente, en manos ahora de la derecha.

Los bancos no son capaces de renegociar las deudas con los prestatarios con intereses, por ejemplo, de 5% anual o congelar por 5 años los intereses. Recordemos que por la pandemia han perdido su trabajo, sus negocios han quebrado, han gastado sus fondos en medicinas, etc. Esta indolencia nos suscita varias interrogantes: ¿es que detrás de ellos están sus amos que son más poderosos, como la poderosísima «Black Rock»? ¿es que ya no tienen reserva en los paraísos fiscales? ¿o se han trocado en «supaypa wawan»?

 2.- EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS. Es una de las mayores lacras que tiene nuestro país y también los demás países del mundo, conjuntamente con el tráfico ilícito de drogas. Muchas veces hemos repetido que, en nuestro país, cada vez constatamos que como afirmaba Manuel González Prada que «donde se pone el dedo sale pus». La corrupción existe en casi todos los estamentos de nuestras sociedades, es decir, en la administración pública, en la empresa privada, en la política, en las transacciones comerciales, etc. Tiene diferentes denominaciones populares: coima, diezmo, chancar, apoquinar, desvío de fondos; lavado de dinero, etc., los más frecuentes jurídicamente son: concusión, Art. 382; cobro indebido, Art. 383; colusión simple y agravado, Art. 384; patrocinio ilegal, Art. 385; peculado doloso y culposo, Art. 387; peculado de uso, Art. 388; malversación, Art. 389; peculado por extensión, Art. 392; cohecho pasivo propio, Art. 393; soborno internacional pasivo, Art. 393- A; cohecho pasivo impropio, Art. 394; cohecho pasivo específico, Art. 395; corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, Art. 396; cohecho activo genérico, Art. 397; cohecho activo transnacional, Art. 397-A; cohecho activo específico, Art. 398; negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, Art, 399; tráfico de influencias, Art. 400; enriquecimiento ilícito, Art. 401.

Los delitos de «lavado de dinero» están prescritos en una ley especial no codificada, Decreto Legislativo N° 1106 del 18 de abril de 2012, que también son muy reprochables, que lo abordaremos en otro artículo.

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS. Las fiscalías y juzgados están atiborrados de casos, pero la población tiene conocimiento de lo que se denomina «coima», que jurídicamente se denomina colusión simple y agravado (por ejemplo, el empresario que paga o que conviene con el magistrado o alcalde, o ministro, presidente de la república en pagarle suma, de dinero cambio de que le otorgue la buena pro para realizar alguna obra) prescrito en el Art. 384 del C, P.); apropiación de los bienes del Estado, conforme Art. 384); gastar dinero en otro rubro distinto a lo destinado, conforme al Art. 389; coimear o exigir al (el) magistrado para beneficiar al litigante; interceder para que el influyente pueda ayudar a la tercera persona a conseguir trabajo («ayúdame hermanito o yo te ayudo hermanito»), conforme al Art. 400; etc.

La penalidad para estos delitos, en muchos casos, son de pocos años, que oscilan desde 2 a 8 años de privativa de libertad; de 3 a 6 años, en los delitos de concusión; de 4 a 8, de 8 a 12 años; en cohechos es de 5 a 8 años; de 6 a 8 años; de 8 a 10 años; y así penas similares hasta el Art. 401 C, excepto el peculado agravado. Por todo ello, es que desde hace casi 20 años venimos sugiriendo, tratando de persuadir al legislador que, en virtud de una ley nueva, se aplique la cadena perpetua. Ya hemos explicado en artículos anteriores que no existe ningún argumento consistente para oponerse a tal penalidad. El delincuente de tales delitos es una persona que no necesita se reeducado o readaptado, más bien es una persona que pretende ser «vivo y medio». Y pensar que hacen tanto daño a la sociedad, al Estado, etc. que generan también inestabilidad, inseguridad jurídica, escasa inversión privada nacional y extranjera; etc. Tanto más si cuando obtienen su libertad al cumplir su condena tienen el dinero coimeado con toda libertad para gastarlos.

3.- LA DEMORA DE LAS INVESTIGACIONES Y DE LOS PROCESOS PENALES. Obedece a varios factores, que, dicho sea de paso, el acudir al sistema penal (Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, etc.) es una huida errada hacia el sistema penal; lo correcto es acudir al ámbito político, sociológico, económico, etc. Sin embargo, de lo poco, podemos hacer lo mejor posible; pero existe una rémora, en lo que atañe al Ministerio Público, la costumbre inveterada de emitir pronunciamientos y dictámenes muy extensos. Nos consta, en la mayoría de los casos observados, que una acusación conforme el Art. 349 del Código Procesal Penal en un caso de homicidio culposo, es mayor a 30 folios; en los casos más graves como asesinato, robo agravado, pasan de los 100 folios. Hay otros casos, que escapan a nuestros cuestionamientos, como son los complejos ya judicializados, que constan de decenas de miles de páginas. Otros pronunciamientos en el transcurso de la investigación o proceso son mayores a 10 folios. Más aún si se suma la deficiente elaboración de los dictámenes acusatorios, faltando incluso a la interpretación gramatical del mencionado.

ACUSACIÓN DEBE SER DEBIDAMENTE MOTIVADA. Art. 349. Veamos (las partes relevantes): «Contenido. 1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado… b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado… c) Los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; d) La participación que se atribuye al imputado; e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran; f) El artículo de la ley penal que tipifique el hecho… g) El monto de la reparación civil… h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia…; 2. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la en la Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica; 3. En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto… 4. El Fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria… En el numeral «1» se señala literalmente que «La acusación fiscal será debidamente motivada…». «Motivar» significa según el diccionario DRAE: 1. Causa o motivo para algo; 2. Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo. En el medio forense se estila denominar «fundamento», que según la DRAE significa «principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa»; «Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo…». De manera que tal frase se entiende en otras palabras como la explicación razonada o lógica (concatenando, engarzando) por qué se está acusando al imputado; por qué encontramos responsable al imputado. Entonces estamos acudiendo a la teoría del conocimiento para invocar tales o cuales pruebas nos hace inferir ello. Todo esto tiene que ser así, pues de lo contrario sería una acusación al estilo kafkiano (por alusión a Franz Kafka quien en su obra «El proceso» da cuenta de que el personaje Josep K, es citado a una dependencia policial, sin que logre enterarse de los motivos, y que a final es secuestrado y muerto por la policía). Obsérvese que el numeral «1» se interpreta gramaticalmente concordando con el literal «c», es decir, la motivación debe contener los elementos de convicción. De modo que no es solamente una invocación de los elementos de convicción, sino que el fiscal acusador debe hacer una operación lógica de concatenar, engarzar las pruebas y elementos logrados durante la investigación preparatoria. Sin embargo, esto no lo hacen, en su reemplazo se ha consagrado una práctica errada, que además es frondosa, repetitiva, tratando de cumplir con los demás elementos de los otros incisos.

ACUSACIÓN EXTENSA Y AMPULOSA. Naturalmente para hacer la acusación aludida, emplean numerosos folios, y consumen días, semanas y meses, sumados a otras demoras en los demás trámites del proceso; o incluso en las investigaciones preliminares La explicación que dan es que así enseñan los profesores de la Academia de la Magistratura, pero se debe obviar tal erróneo estilo, pues no existe norma imperativa al respecto. Ante toda esta demora de pronunciamientos, el justiciable espera y desespera, tanto el imputado como la parte agraviada, esperanzado en una justicia pronta y oportuna, que en teoría pretende el Código Procesal Penal.

     
 

Agregue un comentario