La libertad de expresión y el delito de difamación

Carlos Tucto Rodil

Como una especie de miscelánea abordaremos algunos temas de palpitante actualidad. Nos han pedido varios lectores que escriba la segunda parte «términos y frases de usos incorrectos o dudosos». Sin embargo, se han presentado temas de interés mayor: el día 10 de enero de 2021 el juez Raúl Rodolfo Jesús Vega emitió una sentencia condenando al periodista Christopher Acosta y al editor general de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel a dos años de prisión con ejecución suspendida y el pago de 400,000 soles de reparación civil a favor de César Acuña. Según la sentencia, el libro «Plata como cancha» afecta el honor de dicho personaje, al consignar citas que no han sido verificadas. Consideramos, al igual que la gran mayoría de abogados y periodistas, sobre todo, que dicha sentencia está en contra de la ley penal y es totalmente injusta. Veamos por qué:

1.- El delito de difamación está prescrito en el artículo 162° última parte del Código Penal. En cuanto a los recursos impugnatorios se ciñe supletoriamente a lo que prescribe el artículo 314° del Código de Procedimientos Penales de 1940, modificado por el Decreto Ley 22633. Esto último es así porque el Código Procesal Penal no regula expresamente los casos de difamación perpetrados por medios impresos o publicaciones, etc. en cuanto a los recursos impugnatorios, que dicho sea de paso llega hasta la Corte Suprema, con recurso de nulidad. El procedimiento es el que se denomina Querella, es decir, procede por denuncia de parte solamente. Esto porque todos los delitos contra el honor abarcan solamente a la persona que ha sido vulnerada en su honor y no a otra persona.

2.- El presente caso que se alude en la introducción, justamente tiene o va a tener el trámite antes mencionado. Veamos de qué se trata en concreto, el supuesto agraviado César Acuña ha querellado a los mencionados sentenciados Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por haberle difamado, y el juez ha amparado su querella dictando la sentencia condenatoria contra ellos ordenando la prisión de dos años con ejecución suspendida.

3.- El supuesto agraviado César Acuña, por nuestra parte, desde un punto de vista jurídico, no merece cuestionamiento, pero sí ético o de carencia de buen razonamiento. En cambio, la conducta del juez sentenciador es irregular, anormal o aberrante. Soslaya varias sentencias uniformes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desde el año 2004 ha dictado; vulnera también diversas ejecutorias peruanas en el mismo sentido, conforme publican algunos opinólogos en el diario La República, y que nosotros invocamos el Acuerdo Plenario n° 3-2006/CJ-116-Lima, que hemos indexado en la página 329 de la obra «Código Penal, con notas y jurisprudencia en coautoría con el doctor Luis Francia Arias.  Por tanto, no es delito de difamación cuando una persona hace una cita de lo que ha dicho o escrito una tercera persona. Aberrantemente el juez de marras sostiene que los sentenciados debieron corroborar los dichos que se permitieron citar. Lo peor es que el juez también le imputa a Jerónimo Pimentel que haga tal verificación, cuando lo cierto es que él es solamente el editor general de la editorial Aguilar, integrante de la a su vez mayor editorial Penguin Random House; es decir, nunca ha dicho ni por oral ni por escrito ninguna palabra o frase que el supuesto agraviado le achaca como difamatorio. De lo que se trata es que los dichos o publicaciones de los querellados sean verosímiles, pues se trata de un personaje público como el querellante, que por tanto, está sujeto a la fiscalización y crítica por parte de la población.

4.- Lo que ha hecho el periodista Christopher Acosta es una compilación o concatenación de citas o lo que han dicho en entrevistas, personas que de alguna forma son allegadas al supuesto agraviado, por ejemplo, la excónyuge Carmen Rosa Núñez Campos del querellante, relata los maltratos de palabra, obra y gestos, e incluso la expulsión de la casa por parte del supuesto agraviado; en otros casos también hay comentarios que recoge el periodista, de que habría violado a una de sus alumnas. Ha hecho un trabajo de investigación visitando Cajamarca, Trujillo y otros lugares del Perú; y, además, ha ido a España para recoger datos de los estudios superiores que dice registrar el supuesto agraviado. Además, ha recabado información que éste se apropió de un trabajo de investigación de su profesor Otoniel Alvarado, de la Universidad Nacional de Trujillo, pero que no continuó con su denuncia por una conciliación a la que arribó con el supuesto agraviado. Y así, hay datos que consigna el periodista que en esencia son citas de otras personas o información fidedigna o verosímil, casi pública.

5.- El supuesto agraviado César Acuña, no es una persona particular, sino que es un personaje con notoriedad, ha sido candidato a la Presidencia de la República, ha sido congresista y alcalde. O sea, es una persona pública, por lo tanto, está sujeto a la observación de parte de la ciudadanía, de la prensa y otros. Cuando se trata de este tipo de personas es doble su obligación de comportarse con probidad, con honestidad, por eso es que en diversas legislaciones cuando se tratan de personajes públicos o autoridades se agrava la pena cuando delinquen, o en su caso, si no son imputados están sujetos a la observación y evaluación ciudadana.

6.- El día 11 de enero de 2022 el supuesto agraviado ha respondido ante cierto sector de la prensa, que se siente víctima de difamación, pero que es muy respetuoso de la libertad de prensa. Y lo que es paradójico es que es miembro del directorio y apoya económicamente a una agrupación que aboga por la libertad de prensa, conjuntamente con Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro Vargas Llosa, y otros. Además, en dicha presentación televisiva menciona que se siente extrañado de que todos hayan criticado la sentencia en primera instancia, como si hubiera terminado el caso en esta instancia, menciona también que quedan dos instancias más. Esta afirmación da a entender que lo resuelto por una primera instancia prácticamente no tiene valor, como si fuera un ensayo. No compartimos esta aseveración porque todas las decisiones de los jueces tienen un valor intrínseco al margen de que sea apelada. Conviene referirnos a lo que manifiesta el querellante en una entrevista de estos días, después de la sentencia, es decir, que no ha leído el libro para interponer la querella, sino que le ha relatado su abogado. Esto es un absurdo, pues la difamación como cualquier delito contra el honor es de afectación personalísima, por lo que no puede estar sujeto a la decisión o relato de una tercera persona.

7.- Volviendo sobre el juez, es un abogado que ha sido nombrado bajo la modalidad de supernumerario casi desde el comienzo del presente siglo, es decir, no es titular, extraña entonces que no haya ganado su plaza en concurso. Se puede inferir entonces que ¿acaso no tiene la capacidad suficiente para ser juez titular o ganar un concurso? O yendo más lejos, hasta el extremo de la suspicacia ¿acaso ha sido presionado para dictar dicha sentencia o recibido alguna coima? Coincidentemente este juez tiene pendiente tres habeas corpus que le han planteado y que está actualmente ante el Tribunal Constitucional. Agregamos que con la lógica que ha procedido el juez tendríamos que preguntarle: ¿Por qué no le hace responsable a las personas que le han dado datos al querellado Acosta?, o también ¿Por qué el querellante tampoco le hace cargos a las personas que sirvieron de fuente para los datos verosímiles que hizo el querellado Acosta?

8.- En realidad la sentencia de marras asombra a tirios y troyanos, al punto de que personalmente, con la lógica del supuesto agraviado, el suscrito también estaría incurso en el delito de difamación en su agravio, pues en dos o tres artículos anteriores hemos citado a la psicoterapeuta Carmen Gonzales cuando afirma acerca de varios personajes públicos, entre ellos la señora K, Rafael López Aliaga, César Acuña, entre otros, que todos ellos son incapaces, hipócritas, psicopáticos, entre otros calificativos. Digo, mi persona estaría también como sujeto de imputación, por ejemplo, el periodista César Hildebrandt; y muchos escritores como opinólogos hace casi lo mismo, entre ellos percibir lo que comentan políticos. Es tan escueta la «argumentación» del juez para imponer la pena. Hay consenso en la doctrina en el sentido de una inadecuada o pobre argumentación equivale a una ausencia de motivación. Por eso, es necesario que la OCMA (control interno del Poder Judicial) se avoque a esta conducta del juez, urgentemente.

 

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