Las manifestaciones se extienden por todo el país. La reestructuración de la Policía Nacional. El espectro electromagnético y la prensa mercenaria

Carlos Tucto Rodil
Abogado e investigador social

1.- Han llegado a Lima desde distintos lugares del país, pese a que el gobierno ha decretado por 30 días el estado de excepción en Lima, Cuzco, Puno y Andahuaylas, por el que están suspendidas las garantías de libertad personal, inviolabilidad de domicilio, derecho a reunirse y la libertad de tránsito. Reiteramos que esta suspensión en casos de perturbación de la paz o del orden interno debe obedecer a casos manifiestos de tales situaciones. Si bien es cierto que se han producido algunas alteraciones, hasta donde nos hemos enterado, en la mayoría de los casos no son atribuibles a los manifestantes o insurgentes, también es cierto que son personas contratadas por las fuerzas del orden o por la derecha, con el propósito de echarles la culpa a los manifestantes y así desprestigiarlos para que pierdan legitimidad. Históricamente, esto ha sucedido con frecuencia, como ejemplo en el régimen de los genocidas Fujimori-Montesinos. Defienden con uñas y dientes su poder económico, siendo los más efectivos con las fuerzas armadas, la policía, el congreso, títeres como la usurpadora genocida Dina Boluarte. Estamos en una dictadora cívico-militar. Desde el momento en que ésta acudió a tales fuerzas del orden, les dio patente de corso para reprimir a sangre y fuego a los manifestantes. Hay numerosas pruebas: vídeos, testimonios directos, informes de los médicos legistas que han practicado las necropsias y del personal médico que han hecho las curaciones de los lesionados. Ojo, que casi todas las víctimas tienen impactos de bala, sea en la cabeza, cuello y tórax, disparados en algunos casos a menos de 25 metros de distancia.

2.- Conviene refutar las pretendidas «justificaciones» que hacen la usurpadora Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola. Ella afirma hipócritamente pidiendo «perdón» por las víctimas, después culpa a los manifestantes y en el colmo afirma que las balas que impactaron a las víctimas no son los que utiliza la policía, sino que provienen de sujetos vinculados a extranjeros. También afirma en este sentido dicho «premier», echándole la culpa al preso ilegalmente Pedro Castillo (¡!). Decir tal estupidez hace inferir que estos golpistas y usurpadores no tienen argumentos verosímiles. Veamos por qué: A) Conforme al Art. 167 de la Constitución Política el presidente de la República es el jefe de las fuerzas armadas y de la policía nacional, por lo que la usurpadora Dina Boluarte es garante de la seguridad o inseguridad que puedan irrogar tales fuerzas del orden, esto comprende los disparos que puedan hacer, vale decir las muertes que puedan producir, como realmente ha ocurrido hasta ahora unas 50 muertes, que se equiparan con asesinatos o genocidio. No pueden alegar que ellos no ordenaron matar a los manifestantes, ya que es infantil, sin sustento legal ni fáctico; B) La policía y la fuerza armada poseen un servicio de inteligencia, aparte del control normal de las carreteras y otros, entonces ¿cómo es que no detectaron tales ingresos?; C) También afirman que la culpa lo tienen los manifestantes, es también absurda; a menos que consideren que las críticas y estribillos que suelen proferir los manifestantes son motivos suficientes para dispararles directamente  (como lo han hecho con el dirigente cuzqueño Candia Guevara); D) En el colmo de las alegaciones del «premier» que el culpable es el profesor Castillo, dizque que instigaba a la violencia, es por decir con una frase criolla, es el «absurdo del absurdo»(Ojo que este señor Otárola tiene una foja de servicios muy allegados a las instituciones castrenses).

 3.- En estos últimos días, cientos y miles de pobladores de las provincias sureñas tratan de llegar a la ciudad, para reclamar pacíficamente contra el gobierno y otros: «Dina asesina, renuncia», «cierre del congreso», «elecciones generales inmediatas», «libertad para el «presidente Castillo», «asamblea constituyente» «nueva constitución», etc. En el trayecto los vehículos en los que viajan son detenidos, para el control de identidad, por espacio superior a las 4 horas de ley. Al respecto, el congresista ex marino Jorge Montoya ha declarado ante la prensa que dizque es necesario impedirles que lleguen a Lima, pues desde ya es un delito la «toma de Lima», entonces (según él) se debe prevenir ante cualquier violencia que pueda suscitarse. En otras palabras: «prevención de la prevención». Este congresista también ha presentado un proyecto de ley aberrante, que cuando los manifestantes superen en número a las fuerzas del orden, se les debe autorizar a éstos que hagan uso de sus armas de fuego o similar. Asimismo, afirma que se les debe incautar los vehículos a los conductores en los que transportan a los ciudadanos sureños que viajan a Lima, con lo que se pueden prevenir que lleguen a Lima. Tiene mayúsculas limitaciones de conocimientos jurídicos, debido a que a los militares no les enseñan apropiadamente sobre el respeto a los derechos humanos; cuanto más si a los oficiales se les enseñan en la «Escuela de las Américas» prioritariamente combatir a como dé lugar a los subversivos y a otros similares o pobladores, vulnerando abiertamente los derechos humanos. Aunado a todo ello, es probable que por su formación militar o castrense utilice cosmovisiones no compatibles con los derechos humanos; siendo así cabe preguntar si ¿la función de congresista es adecuada para su capacidad? Se explica entonces que, al tener el «máximo respeto» a la «disciplina militar», firmó en 1999 el «Acta de sujeción» a Montesinos.

En una próxima reestructuración de la policía y de la Escuela de oficiales del Ejército, de la Marina y la Aviación, deben incluirse asignaturas obligatorias sobre derechos humanos en todos los años de formación: 6, 5, 4 años, incluyendo al personal subalterno; que van a contribuir para su cabal formación en derechos humanos. 

4.- Conviene aclarar sobre el significado del término terrorismo, porque en nuestras sociedades acostumbran a etiquetar a las personas que reclaman sus derechos o salen a manifestar su disconformidad con algunos aspectos de la vida social, económica y política, e incluso cuando el ciudadano lee libros de Marx, Engel, Lenin, Mao Se Tung, Ciro Alegría, José María Arguedas, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, entre otros, también los terruquean y la policía pretende intervenir incautando los mismos, abriéndoles investigación. Tal proceder de las fuerzas del orden nos trae a colación las intervenciones nazis, también en los tiempos de la inquisición, e increíblemente, nos recuerda lo que en el año 1963 el ministro de educación Javier Alva Orlandini ordenó quemar miles de libros, entre los de autores izquierdistas o comentaristas, en el parque universitario. Asombra que suceda en nuestro país lo aludido, en pleno tercer decenio del siglo XXI. Por eso, nuestros operadores jurídicos y las fuerzas del orden deben tener conocimientos, por lo menos elementales, de las ciencias sociales y cultura general.

TERRORISMO: «1. Dominación por el terror; 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror; 3. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos» (DRAE, 23 Ed., España, 2014, Pág. 2110). Hay profusa literatura al respecto, pero hacen resaltar tres elementos: A) La intención terrorista que apunta a subvertir al Estado; B) Provocar o mantener con el terror un estado de alarma o zozobra en la población y así poner en peligro el estado constitucional y democrático; C) El uso de la violencia o amenaza de manera sistemática, no de manera individual o aislada, realizada por una organización o grupo encaminados a concretizar su proyecto político. Pues bien, en las protestas de los manifestantes sureños y de otras partes del país, no concurren ninguno de los elementos reseñados. Los opositores a las marchas distorsionan el significado de «terrorismo», alentados de mala fe por la prensa mercenaria. Así las cosas, se explica que la luchadora social Cecilia García sea motejada y difamada frecuentemente con tal término; del mismo modo les ocurre a los demás luchadores sociales e incluso a los que escriben a favor de los manifestantes buscando oponerse a la dictadura militar cívico, que está llegando a similares métodos de los nazis.

La prensa alternativa está difundiendo vídeos en los que se perciben los disparos que hacen las fuerzas del orden a los manifestantes y en otros casos a personas que se ponen a auxiliar a los heridos (como el relato patético que hace la enfermera de Ayacucho), además del llanto desconsolador de las madres o parientes de las víctimas baleadas. 

5.- Con respecto a la actuación del gobierno peruano respecto a la manera de abordar el problema de las protestas, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran que no hay proporción en los actos de protestas y algunos vandálicos, con el uso de las armas de fuego que ocasionó el medio centenar de muertes. También se refirió a las causas de las protestas, aseverando que son poblaciones no atendidas por el Estado, generando un descontento generalizado de las poblaciones de provincias; además de ser discriminadora con ellos, por su cultura, sus costumbres, sus actividades, etc. Esto es así, porque pese a que en muchas zonas andinas operan grandes empresas mineras que han generado pingües ingresos para ellos, sin embargo en los lugares donde se asientan las empresa mineras, las poblaciones viven en extrema pobreza, como es el caso de la minera que opera en Cerro de Pasco, en medio de la ciudad, que data de comienzos del siglo XX, sin embargo la población no tiene servicios de salud adecuados, además de la contaminación del ambiento por plomo, con anemia, con deficientes sistemas educativos, etc.; parecido ocurre en Huancavelica (de los que conozco personalmente).

En la hora actual, nos llaman terrucos, rojos, cuando simpatizas con los manifestantes u cuando cuestionas el sistema económico que con la Constitución P. de 1993 está haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Mas, los marginados y discriminados han adquirido conciencia de esta realidad. Se han dado cuenta que las agrupaciones políticas son lo mismo de siempre.

FELICITACIONES

a) A la valiente luchadora social Cecilia García que casi diariamente difunde dando aliento a los manifestantes (ahora sale a marchar con los manifestantes), hablando con franqueza: «prensa basura», «terrorista» es el gobierno de Dina Boularte, su ministro Alberto Otárola, todo el gobierno cívico militar y con la complicidad del congreso entreguista.

b) Al inteligente y consecuente comunicador social Wilmer Domínguez que en su canal Inti Noticias, difunde a favor de los manifestantes y en contra de la dictadura cívico militar; y ahora a los insurgentes sureños, apoyándolos con solidaridad, por nuestro Perú, que ha despertado después de 200 años de opresión.

c) Al comunicador social Alexander quien en su programa «… sin filtros» difunde diariamente con valentía las ocurrencias de las luchas sociales (y otros patriotas).

 CRÍTICA

A la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Jerí Ramón y su consejo directivo por su oposición a que se dé alojamiento a los ciudadanos sureños que están insurgiendo pacíficamente contra la dictadura genocida, para la segunda marcha de los 4 suyos. No se configura el delito de peculado de uso que aduce la timorata rectora (Art. 388 del Código Penal); tiene que interpretarse teleológicamente este artículo, incluso concordarse con el Estatuto de dicha universidad, que es solidaria con la sociedad, como ha sucedido desde su fundación el 12 de mayo de 1551: ha sido adalid de las protestas frente a los opresores, no como universidades «negocio». Los sanmarquinos apoyemos a los insurgentes sureños, con víveres y otros artículos, o depositando a la cuenta correspondiente.

A la derecha que está rayana a la estupidez, con sus ataques a los insurgentes, tratándolos como terrucos (congresista Jorge Montoya).

A la prensa mercenaria que miente, distorsiona y omite desinformando a la población. Pero algún día se controlará el espectro electromagnético que pertenece a todos los peruanos.

     
 

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