No es traición a la patria (pero, parece que algunos han abandonado, o traicionado, sus principios)

Germán Vargas Farías

¿Qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías?, preguntaba Mario Vargas Llosa en un artículo publicado el año 2009 en Piedra de Toque, su columna quincenal en el diario El País, de España.

Se refería a Ántero Flores-Aráoz, un político curtido que, si bien no era «un gorila lleno de entorchados y sesos de aserrín», si adolecía -siempre según el escritor- de «dos cosas, profundamente arraigadas en la clase política peruana y latinoamericana: la intolerancia y la incultura».

Flores-Aráoz había dicho que, antes de construir museos, el Perú tenía otras prioridades, como coartada para rechazar una donación alemana para construir el actual Lugar de la Memoria. A juzgar por muchas otras cosas, que el entonces ministro de Defensa hizo y dijo años después, el novelista se quedó corto.

Traigo a colación esta anécdota, a propósito del pesar que sentí al leer, ayer en La República, una entrevista a Víctor García Toma, exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC). Diré para empezar que me apenó porque, pese a las simpatías políticas del jurista, hasta hace algún tiempo creí que en sus enfoques y opiniones prevalecería su corrección y apego al derecho. Me equivoqué.

Y no es que pretenda que el constitucionalista coincida conmigo, no me malinterpreten por favor, lo que esperaba era encontrar algo de consistencia en su opinión.

Dice García Toma que las declaraciones del presidente Pedro Castillo en CNN sobre la posibilidad de una salida al mar para Bolivia constituyen infracción constitucional, al tratarse de «una conducta que pone en juego el territorio nacional porque las declaraciones que dio tuvieron un rechazo general» (sic). ¿Usted entiende lo que ha querido decir?, Yo tampoco. ¿Será que cree que las infracciones constitucionales se determinan por el «rechazo general» que genere un hecho, norma u opinión?

¿Será que cree que las infracciones constitucionales se determinan por el «rechazo general» que genere un hecho, norma u opinión?»

En otro momento, cuando le preguntan si la inhabilitación por cinco años de la función pública, que recomienda la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, no vulnera el derecho a la presunción de la inocencia del presidente, responde: «Lo que pasa es que en el caso de la infracción, básicamente lo que se requiere es la convicción y de que los congresistas lleguen a establecer que el presidente ha dado declaraciones en línea contraria a lo que la Constitución señala». Sorprendente.

Por suerte para el exmagistrado, ayer mismo se conoció la resolución del Tribunal Constitucional declarando fundado el hábeas corpus presentado por Pedro Castillo, y ordenando al Congreso anular el proceso constitucional por traición a la patria que buscó la inhabilitación del presidente por cinco años.

Digo por suerte, porque es evidente la confusión de algunos abogados, como Víctor García Toma, que tendrán ahora la posibilidad de aclarar sus ideas leyendo un texto relativamente corto, de 47 páginas, pero muy claro y consistente en su contenido.

Dice, por ejemplo, la resolución del TC, que: «En el informe Final (de la SAC) no se hace referencia a algún elemento objetivo que permita concluir que se ha dado inicio a alguna conducta, siquiera en estado preparatorio, que materialice alguna clase de entrega o cesión del territorio nacional. El informe alude a una «intención» del presidente de la República, la cual no se ha acreditado con otros elementos de juicio. Y, de hecho, se obvian otras expresiones en el desarrollo de la entrevista en las que el jefe de Estado niega alguna potencial sesión del territorio nacional».

Es decir, es tan absurdo y malintencionado el planteamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al que adhiere García Toma, que soslaya que el mismo Castillo niega el propósito que le atribuyen.

Dice a continuación el TC en su resolución: «En ningún caso, la manifestación de aceptar la posibilidad de acudir a una consulta popular, incluso si ella es constitucionalmente inviable, puede ser interpretada como una infracción constitucional. Para arribar a tal conclusión se requeriría de actos específicos que concreticen el quebrantamiento de la Norma Fundamental. En efecto, calificar la intención en sí como constitutiva de una infracción constitucional es un criterio carente de toda base objetiva y razonable, así como manifiestamente desproporcionado, sobre todo si se pretende utilizar como argumento para despojar del cargo y sancionar a quien ostenta la más alta jerarquía al servicio de la Nación (artículo 39 de la Constitución)»

Hay mucha gente en nuestro país que por diversos motivos rechaza el gobierno de Pedro Castillo, y quisiéramos que renuncie o se recorte su mandato, pero la forma cómo pretenden lograrlo algunos de sus opositores es apelando a majaderías y leguleyadas que no hacen más que afirmarlo en su cargo.

¿Qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir o avalar tonterías?, Pienso en García Toma, y me da mucha tristeza.

     
 

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