Populismo jurídico, castración y responsabilidad
Cuando la semana pasada, a través de una nota de prensa, el presidente de la República, Pedro Castillo, dijo que su gobierno evaluaba implementar la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, sabía que su anuncio iba a suscitar la atención de toda la población.
Acabábamos de conocer el caso del secuestro y violación sexual de una niña de 3 años de edad, en la ciudad de Chiclayo, y los sentimientos de dolor e indignación eran manifiestos en todo el país.
«Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más», manifestó Castillo, y sus expresiones lograron la adhesión incluso entre algunos de sus más encarnizados opositores.
El proyecto del Gobierno, según se ha informado, será evaluado hoy miércoles en el Consejo de Ministros, pero evidentemente se ha convertido en el tema principal de la agenda pública de los últimos días. Si el propósito al proponerlo fue distraer, lo han conseguido con creces.
Lo que ha hecho el Gobierno es aprovechar la conmoción provocada por el crimen contra la niñita de 3 años, el dolor y la justa indignación, para sugerir una medida vana, aunque firme y dura en apariencia»
Una de las críticas a la iniciativa gubernamental es que se trata de un acto de populismo jurídico o penal. Se califica así a los proyectos, normas o reglamentos que se proponen sin mayor rigurosidad, y solo con la intención de lograr cierta notoriedad, simplificando la realidad, con planteamientos irrealizables o de escasa utilidad. El objetivo es, pues, impresionar, y no resolver responsablemente los problemas.
No hay evidencia científica respecto a que la castración química, que consiste en administrar medicamentos que anulan funciones de las hormonas masculinas, reduciendo el libido y actividad sexual, prevenga los delitos sexuales. Es decir, no sirve. Además, se sabe que su costo es elevado, lo cual no permitiría que su aplicación sea sostenible.
La abogada penalista Romy Chang, una de las críticas del proyecto del Poder Ejecutivo, ha sostenido que la castración química para violadores sexuales no ha resultado efectiva en otros países, agregando que es una medida que engaña a la población y no soluciona el problema. Por su parte, Luis Solari, médico y exministro de Salud, ha revelado que, en el 2018, un estudio realizado por el actual jefe de Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez, y un grupo de especialistas, concluyó que la evidencia disponible sobre esa “terapia” era escasa y de baja calidad.
«El mismo Minsa ya ha señalado que existe baja evidencia de que esto pueda funcionar para la intención que se preconiza. Entonces, por qué razón el Gobierno lo plantea ahora como una solución», pregunta Solari, y la respuesta se advierte claramente: por populismo.
Lo que ha hecho el Gobierno es aprovechar la conmoción provocada por el crimen contra la niñita de 3 años, el dolor y la justa indignación, para sugerir una medida vana, aunque firme y dura en apariencia.
No es nuevo en nuestro país. Maniobras como esta han sido frecuentes y en diversos periodos y gobiernos. Consiste en gobernar y legislar haciendo ruido, proyectando una sensación de seguridad que es falsa, y que posterga la obligación de enfrentar y resolver los problemas con responsabilidad.
El presidente Castillo ha dicho “Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad. Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”.
Como ciudadanos, una vez más, nos toca reclamarle: Presidente Castillo, gobierne con seriedad.