Populismo punitivo y responsabilidad penal del adolescente
Cuando se abordan problemas importantes sin seriedad, simplificando la realidad, y tratando de aparentar severidad, aunque lo que se proponga sea inútil, lo que se expresa o resulta de eso es populismo jurídico o penal, puro y duro. No les importa los estudios sobre política criminal, no les importa si sus propuestas son ineficaces y regresivas, y si menoscaban derechos y garantías. Les basta el «clamor del pueblo».
El anuncio de la presentación de un proyecto de ley para que los ciudadanos desde los 16 años tengan responsabilidad penal, por lo que podrían ser encarcelados desde dicha edad, ante hechos delictivos, es eso. En Perú, como en otros países, el pretexto es el mismo, disminuir la inseguridad ciudadana. Entonces, en defensa de los «intereses del pueblo» se trastoca el sistema jurídico y, para ser absolutamente franco, se pervierte el derecho.
Para el jurista dominicano Eduardo Jorge Prats, con populismo penal «se alude a la estrategia que despliegan los actores políticos y del sistema penal cuando hay problemas de inseguridad ciudadana y que consiste en calmar el clamor popular mediante apelaciones al aumento de las penas, el endurecimiento de los castigos, la disminución de la imputabilidad penal juvenil, y una serie de leyes que posteriormente, a la hora de la implementación, no tienen un impacto real en la prevención y disminución del delito»
No les importa los estudios sobre política criminal, no les importa si sus propuestas son ineficaces y regresivas, y si menoscaban derechos y garantías. Les basta el “clamor del pueblo”
Tal cual. En nuestro país esto es recurrente, lo que ha dicho el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, lo propuso el año 2012 el entonces congresista Renzo Reggiardo, y lo retomó dos años después (2014) Enrique Mendoza, en ese momento presidente del Poder Judicial. Y ha habido otros intentos.
Una razón para oponerse a despropósitos como ese, es la cantidad reducida de adolescentes que cometen delitos graves. Más efectivo y responsable sería brindarles un tratamiento especializado, implementar políticas preventivas, y evitar someter a adolescentes a un sistema penal discriminatorio, estigmatizante y que lejos de rehabilitarlos, o recuperarlos, los sacrificará.
Enfocarse en el castigo, en la privación de la libertad, depositando al adolescente en la cárcel, tiene más de venganza que de justicia. No se reduce los crímenes ni la inseguridad, solo se distrae apelando a un discurso de «mano dura» y «tolerancia cero», para ocultar la incapacidad, o falta de voluntad, para resolver los problemas.
Poco les importa apartarse del derecho internacional de los derechos humanos y de principios como la no regresividad y de progresividad que indica que no se debe regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho.
La Convención sobre los Derechos del Niño comprende el principio de excepcionalidad, según el cual la privación de la libertad debe ser el último recurso tratándose de niños y niñas, y de ser necesario aplicarse por el menor tiempo posible. El Comité de los Derechos del Niño demanda buscar mecanismos alternativos de solución al conflicto penal (justicia restaurativa).
Cuando se presentan casos de adolescentes que han incurrido en crímenes, se soslaya que son el eslabón más débil de los grupos criminales, casi siempre víctimas también, utilizados y expuestos por delincuentes avezados, que lograron someterlos al encontrarlos, muchas veces, abandonados por sus familias y por el Estado.
Las políticas contra la inseguridad y el crimen deben ser equilibradas, razonables y eficaces. El populismo punitivo satisface sentimientos de venganza, pero no sirven para nada, excepto para degradarnos más.