¿Qué podemos hacer por quiénes pasarán peor el nuevo confinamiento?
Si bien todos, en los departamentos de riesgo extremo, estaremos igualmente confinados, no todos la pasaremos igual. Por ende, nos corresponde a quiénes estamos un poco mejor – quiénes pueden leer estas líneas, por ejemplo -, mantenernos atentos a la situación de quiénes la pasarán peor:
Para comenzar, los que viven en viviendas hacinadas y por ende, con mayores riesgos de infección dentro de la propia familia. Mientras no tengamos una política de vivienda social que haga realidad un derecho fundamental a la vivienda, el hacinamiento será causa de mala salud, física o mental.
A continuación, quiénes no poseen conexiones de agua y saneamiento dentro de su vivienda. Poco parece haberse avanzado este año para cerrar la respectiva brecha de cobertura, a fin de garantizar el derecho fundamental al agua potable. Nos urge, por ende, reimpulsar una agresiva política de potabilización del agua e instalación de redes para llevarlas a los hogares que aún no cuentan con el servicio.
Luego, quiénes viven de las ventas del día. Ellos y ellas están en urgencia alimentaria. Para afrontarla se ha dispuesto proveer alimentos a comedores populares o comunales, con asistencia municipal. Esta medida es mejor que el fracasado reparto de canastas del año pasado; pero requiere de una buena disposición de los servidores municipales para impulsar o fortalecer la organización barrial o comunal.
Con ellos, aquéllas personas que trabajan para otros percibiendo una remuneración; pero en condiciones de informalidad laboral, sin que sus derechos como trabajadores sea reconocido. Para unos y otros es indispensable un apoyo económico – “bono” -, en la medida en que es el Gobierno el que les impide agenciarse de ingresos diarios. Penosamente, al igual que el año pasado, el bono de asistencia alimentaria llegará tarde, con el término del presente confinamiento (aunque existe una alta probabilidad de que se postergue). Queda pendiente fijar la obligación de desarrollar políticas alimentarias con anticipación a las emergencias, en garantía de un derecho a la alimentación.
Finalmente, también lo pasarán mal los trabajadores formales cuyos empleadores apliquen la llamada “suspensión perfecta de labores”, es decir, la licencia sin goce de remuneración. Peor aún quiénes pierdan su empleo por reducción de trabajadores o por el cierre empresarial a consecuencia de una disminución de ventas que no pueda afrontarse ni siquiera con las ayudas financieras desplegadas. Para esas situaciones, debería implementarse un seguro de desempleo o un ingreso básico universal temporal, como ya ocurre en muchos países desarrollados y aún en algunos en vías de desarrollo.
Como puede notarse, cada grupo de personas que pasará peor el confinamiento, tiene medidas que podrían atenuar su sufrimiento. Implementarlas es parte de una buena política. Al respecto, conviene atender a la reciente encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que nos recuerda que “Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política.” (182)
Así que además de gestos de fraternidad puntuales con el prójimo a quién podamos ayudar, podemos corregir la injusticia del sufrimiento evitable, eligiendo en abril a la candidatura dispuesta a gobernar el Perú desarrollando las políticas de desarrollo inclusivo que garanticen los derechos a la vivienda, al agua potable, al trabajo y a la alimentación, que permitan que en las situaciones extremas, todos y todas tengan una protección social adecuada a su dignidad.