¿Sabía que usted le paga el sueldo a Cerrón?

Germán Vargas Farías

Pues, parece que sí, y no solo a Vladimir Cerrón. El reporte del programa Punto Final, de Latina Televisión, ha puesto en tela de juicio el financiamiento público de los partidos políticos, al revelarse detalles sobre la forma como las organizaciones favorecidas manejan dichos recursos.

Según el informe periodístico, Renovación Popular, Somos Perú y Perú Libre han empleado el dinero para pagar servicios de media training (entrenamiento en medios), consultorías y salarios de sus dirigentes. Aunque expertos en derecho electoral aclaren que hacerlo no infringe la ley, se abre la discusión respecto a si se cumple el propósito de fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos y transparentar sus finanzas.

Esa fue la intención de una legislación que no cuenta con la aprobación de la mayoría ciudadana, pero que bien implementada puede contribuir a forjar una democracia más sólida.

Importa más el asunto, porque los recursos públicos que los partidos políticos obtienen del Estado provienen, como todo lo que financia el presupuesto de la República, principalmente de los impuestos que pagamos, así como de la explotación de nuestros recursos naturales, el endeudamiento que tarde o temprano habrá que pagar, y de otras contribuciones.

Es decir, estamos hablando de dinero dinero suyo y mío, y de recursos públicos que deben ser gastados de modo tal que nos beneficie a todos.

Es posible que, como yo, usted se pregunte en qué favorece al país que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reciba una remuneración mensual de 12,500 soles; que el excongresista fujimorista Julio Gagó, hoy jefe de campaña de Rafael López Aliaga, reciba S/ 226 650 por servicios de ‘coaching’ durante el primer semestre del año, y que José Malpartida, productor del programa conducido por Andrés Hurtado (Chibolín), sea remunerado con S/207 000 por un servicio de ‘media training’.

Basta ver el desempeño del candidato de Renovación Popular, para darse cuenta que se trata de plata mal gastada. Si fuera de la suya no importaría, pero, reitero, es dinero nuestro.

Gastar casi medio millón de soles en las asesorías de Julio Gagó y José Malpartida, en solo seis meses, pareciera no infringir la norma, pero debiera ser objeto de investigación. ¿Tienen los referidos señores competencias para entrenar o capacitar en aquello que se ha reportado?

Ha dicho Percy Medina, jefe de Idea Internacional Perú, sobre el financiamiento público de partidos, que «la ONPE no da cheques en blanco», pero es así como, de acuerdo a las evidencias, se viene manejando.

Además de investigar cómo se está administrando el financiamiento público que recibenlos partidos políticos, es necesario hacer ajustes a la ley que impidan el uso arbitrario de los recursos, y que contradigan el espíritu de la norma. Habiéndose querido evitar la corrupción que implican contribuciones a cambio de futuros beneficios políticos y económicos, podemos estar frente a otras igualmente perniciosas corruptelas.

Sería ideal a vincular el financiamiento al fomento de prácticas inclusivas y democráticas en los partidos políticos. Capacitación en enfoques de derechos humanos, discapacidad y género, por ejemplo, promoviendo la participación de jóvenes, mujeres y población indígena y afrodescendiente.

Se trata, en suma, de respetar el sentido de la ley, alentar la transparencia e institucionalidad de los partidos, y fortalecer la democracia en nuestro país.

     
 

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