Emergencia, reforma…

En agosto de este año el presidente de la República, Pedro Castillo, declaró  en emergencia el Sistema Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del año 2022 y el domingo puso en marcha la llamada segunda reforma agraria. En ambos casos, la administración Castillo no ha asignado presupuesto.

A más de un mes de la declaratoria en emergencia del sistema educativo, no hay ningún avance para atender los múltiples problemas del sector que se han agudizado con la pandemia de la covid-19. Ni siquiera hay una propuesta para el inicio de las clases semipresenciales.

La segunda reforma agraria se ha lanzado generando grandes espectativas en ese sector de la población maltratado desde siempre y ninguneado por centurias. Sin embargo, tampoco se ha señalado de cuánto costará esa «reforma».

Tanto la educación como la agricultura requieren de una intervención decidida del Gobierno, pero emitirse solo normas declarativas generará falsas espectativas y acelerará el descontento de la población con el gobierno.

La educación requiere de un plan financiado urgente para el retorno a clases. La agricultura necesita inversión en infraestructura de riego y en carreteras vecinales y departamentales por donde no solo viajen los insumos y productos, sino también los conocimientos y tecnología que hacen falta en el campo. Lo demás es retórica.