Juez ordena a UGEL de Ambo desocupar terreno invadido donde funciona I.E.
Y dispone iniciar investigación por desobediencia contra funcionarios
El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ambo, Rolando Bustillos Cuba, ordenó al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ambo, Hugo Palomino Esteban, desocupar -en un plazo de 5 días- el terreno que ocupa la Institución Educativa Nº 32179, San Ramón de Mantacocha (Huácar-Ambo), por ser parte de un predio en litigio y próximo a ser desalojado.
Si bien el área (4534.10 m2) donde está ubicado el módulo de la institución educativa fue donada por la comunidad campesina de Mantacocha e inscrita en Registros Públicos, según lo señala el propio juez en su Resolución Nº 95 de fecha 26 de julio del presente año, «fueron realizados con posterioridad al dictado de la medida cautelar de desalojo preventivo y ministración».
En la resolución remitida a la UGEL Ambo, el juez señala que en diciembre del 2018 dicha institución informó que no existía ninguna documentación, ni autorización de funcionamiento de dicha institución educativa, por lo que el 19 de enero del 2019, dicho juzgado ordenó a la Dirección Regional de Educación y la UGEL Ambo «abstenerse de realizar cualquier actuación administrativa orientada a obstaculizar la ejecución de la medida cautelar (emitir autorizaciones de funcionamiento de la institución educativa 32179).
Sin embargo, el 23 de junio, la UGEL informó al juzgado que la institución educativa San Ramón de Mantacocha se encuentra funcionando, hecho que para el juez constituye desobediencia al mandato judicial por lo que dispuso remitir copias al Ministerio Público a fin de que se realicen las investigaciones por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad contra funcionarios de la UGEL y la DRE.
INVASIÓN
El año 2015, según denunció Beatriz López Benavides, dueña del fundo Santa Rosa, su terreno del anexo Shocosh que consta de 27 hectáreas, fue invadida por un grupo de pobladores de la comunidad vecina Mantacocha hecho que fue denunciado en su momento.
La denunciante dijo que las tierras en litigio fueron compradas por su padre en 1950 y que toda la documentación que acredita su propiedad fue presentada durante la investigación.
Cumplido el plazo dado a la UGEL, el juzgado ejecutará el lanzamiento del terreno invadido.