Jueza ordena recluir a policías

Dictó 18 meses de prisión preventiva

Los suboficiales PNP Janiel Alejandro Chamorro Gozar (37), Iván Gonzalo Castro Villar (40) y Jean Arnold Salvador Bueno (26) acusados de pedir mil soles de coima a un detenido, serán internados en el penal por decisión de la jueza del Tercer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Huánuco, Floresmila Reyes Espinoza, que dictó 18 meses de prisión preventiva.

En audiencia que se prolongó por tres días, la fiscal anticorrupción Isabel Fernández sustentó cómo es que los policías habrían logrado que Virgilio Rojas Cisneros (78) les entregara inicialmente la suma de 700 soles y luego 300, así como los elementos de convicción que confirmaría que ello ocurrió.  Mientras que los abogados pedían que se declare infundado el pedido del Ministerio Público y se dicte comparecencia con restricciones.

De los tres policías, solo Chamorro Gozar reconoció haber recibido parte del dinero que entregó el denunciante, incluso los últimos 300 soles fueron encontrados en uno de los bolsillos de su pantalón.

Pero los suboficiales Castro y Salvador han negado su participación en el hecho de corrupción y sus abogados han señalado que ni el denunciante, ni sus familiares han dicho haberles entregado el dinero.

Si bien dijeron que la entrega de dinero lo hicieron en presencia de otros dos policías, «un gordito y un flaquito», los abogados enfatizaron que no había pruebas de que hayan sido sus defendidos y que en la comisaría hay más de diez policías.

La defensa de Castro dijo que él cumplió su función al intervenir al ahora denunciante y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Incluso cuestionó al suboficial Chamorro que dio dos versiones.

Cuestionó también la diligencia de reconocimiento en rueda que se hizo en Huánuco, entre 4 personas, cuando ya el denunciante los había visto.

Y que el audio grabado durante la entrega de los 300 soles está por determinarse a quienes pertenecen las voces.

Mientras que el abogado de Jean Salvador sostuvo que dicho efectivo policial no estuvo a cargo de la investigación, que los elementos de convicción no lo vinculaban y que el denunciante no lo sindicó como la persona a la que entregó el dinero.

Pero al analizar la declaración del denunciante y sus familiares, así como la confesión del suboficial Chamorro y los demás elementos de convicción, la jueza concluyó que existía sospecha grave de que los tres policías participaron del pedido de dinero.

Al sustentar su pedido, la fiscal sostuvo que Chamorro solicitó dinero de manera directa con el ofrecimiento «de orientar las diligencias a favor del investigado e influir en la decisión del fiscal para conseguir su libertad».

Para la fiscalía, la pena que se impondría a los policías será de 8 años.

     
 

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