Ordenan nuevo juicio para dos policías acusados de pedir coima

Sala de Apelaciones anuló sentencia que los condenaba

Con dos votos a favor y uno en contra, la Sala de Apelaciones de Huánuco anuló la sentencia que condenaba a los suboficiales PNP Yeltsin Lukianov Magariño Ávalos y Mariela Ruth Atencia Aguirre por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, dictada en diciembre del 2020 por el juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

CASO

Dichos policías fueron detenidos en noviembre del 2018 tras ser acusados de pedir 100 soles al conductor de una camioneta con la finalidad de no llevarla al depósito y no imponerle la papeleta por tener la licencia de conducir vencida. Cosme Ávila Puente denunció que en circunstancias que transitaba por la carretera Central, altura del mercado Mayorista San Luis, fue intervenido por los policías de Tránsito Magariño y Atencia, y que al detectar el primero que su licencia estaba vencida le indica que lo llevaría al depósito.

Ante ello, el policía sube a la moto policial e indica a su colega subir a la camioneta intervenida. Al pasar por la cuadra 3 de la avenida Túpac Amaru, según denunció Cosme, Magariño le ordenó detenerse y le pidió 100.00 soles pero él dijo no tener.

Continuaron la marcha en dirección al depósito cuando el chofer dijo a los policías que entregaría el dinero pero que debían ir al taller de su hermano y al no encontrarlo se dirigieron a la casa de su hermana quien le dio los 100 soles.

Tras la entrega de dinero, los policías se retiraron del lugar sin imaginar lo que vendría. La intervención inicial fue observada por el entonces jefe de la policía anticorrupción quien al llegar a su oficina encargó a dos efectivos confirmar si la camioneta, cuya placa anotó, fue internada en el  depósito.

Fue cuando policías anticorrupción verificaron que el vehículo no llegó al depósito, incluso ubicaron al conductor quien detalló el hecho de corrupción, iniciándose la investigación. Dos años después, Magariño y Atencia fueron condenados a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva y 4 años de pena suspendida, respectivamente.

APELACIÓN

En la audiencia de apelación, el Ministerio Público solicitó que se revoque la sentencia y se imponga 7 años y 4 meses a ambos procesados, pero la defensa de los  suboficiales pedía que se les absuelva o anule la sentencia por falta de una debida motivación.

Durante la audiencia, la defensa de Magariño realizó una serie de cuestionamientos a la resolución, la investigación fiscal, la intervención policial, incluso el testimonio de los testigos.

Cuestionó que durante la audiencia de control de acusación el juez no le admitiera que sus testigos declaren sobre el desarrollo de una intervención policial, según dijo «para establecer la correcta función de mi cliente».

Cuestionó que el denunciante Cosme Ávila solo haya declarado en la investigación preliminar y que no pudo interrogarlo debido a que no fueron notificados de la investigación contra su defendido; sin embargo, dicha declaración fue  leída en juicio, por lo que consideró que la sentencia resulta nula.

Mientras que la defensa de Mariela Atencia también cuestionó el trabajo realizado por los policías anticorrupción que identificaron y ubicaron al chofer y luego emitieron un informe de los supuestos hechos de corrupción.

Cuestionó también que el denunciante no se presentara a juicio y que su declaración no debía ser valorada en juicio. La defensa de Atencia no niega la intervención pero sostiene que al revisar la documentación del intervenido se percata que ya había revalidado su licencia, por lo que considera que no había infracción y lo deja ir.

Al analizar la sentencia condenatoria, los magistrados Eloy Cupe Calcina y Abraham Limaylla Torres señalan, entre otras razones, que la resolución «adolece de un vicio insubsanable, en tanto y en cuanto que las razones que justifican el fallo condenatorio no se condicen con la incorporación y valoración leg{itima de la prueba, por ende la motivación adolece de vicios que contravienen el principio de legalidad y derecho a la contradicción; sobre todo en consideración a que la prueba documental incorporada en el juicio oral, que constituye el punto central de cuestionamiento por los sentenciados recurrentes, no se ajusta a los parámetros normativos procesales y jurisprudenciales que regulan su ingreso en la formación de la prueba, lo que atentaría el debido proceso y la garantía de legalidad procesal…».

«Existe una valoración probatoria suficiente que satisface el sentido de su resolución; sin embargo, el punto controversial nulificante, como objeto de examen recursal, no radica en ello, sino en el acervo probatorio que ha servido como soporte de su decisión»,señalan refiriéndose a la declaración de Cosme Ávila, el denunciante.

Tras sustentar su decisión en la Resolución 12 del lunes 6 de diciembre, los jueces ordenaron un nuevo juicio oral a cargo de otro juez, asimismo dispusieron la inmediata libertad del suboficial Magariño.

VOTO DISCORDANTE

Mientras que la jueza superior Angélica Aquino emitió su voto discordante en el sentido de que se confirme la sentencia condenatoria. Tras responder a los cuestionamientos de la defensa técnica concluyó «que no existe duda razonable sobre la culpabilidad de los encausados Yeltsin Magariño y Mariela Atencia. Es así que los medios de prueba incorporados al proceso -no hacen falta otras para emitir un juicio conforme a la hipótesis fiscal-, son suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia».

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