Contraloría pide ley para sancionar inconducta funcional y corrupción de funcionarios

Un llamado al Congreso de la República para aprobar el proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras de los funcionarios y servidores públicos a quienes la Contraloría señale responsabilidad administrativa funcional como resultado del control posterior, realizó el contralor general, Nelson Shack, al sostener que de esa forma aplicarán sanciones severas a los responsables de casos de corrupción y disminuirá la sensación de impunidad que ahora se refleja por la imposibilidad de ejercer la facultad sancionadora del máximo ente del sistema nacional de control.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, señaló que en la coyuntura de emergencia por la covid-19 se necesita establecer conductas infractoras tipificadas en la ley que sean mucho más precisas y rigurosas, así como sanciones más severas.

“La inconducta funcional no sólo genera un perjuicio económico al Estado, sino que además genera graves afectaciones al servicio público, por ejemplo, ocasiona un servicio de salud deficiente y la consecuente pérdida de vidas humanas. Estamos en una situación de emergencia, donde no hay espacio para la ineficacia y la ineficiencia”, enfatizó.

También aclaró que mientras más demore en aprobarse esta ley, no se podrá sancionar a los responsables de hechos irregulares durante la emergencia sanitaria, debido a que la ley no es retroactiva y recién se aplicará a hechos ocurridos luego de su publicación.

Informes de control

Al cierre de junio, la Contraloría General publicó 6 543 informes como parte de la “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”, orientados a garantizar el buen uso de los recursos públicos destinados a la atención de la población y contención de la enfermedad en el país.

De los 6 543 informes publicados, 2 895 corresponden a orientaciones de oficio, 2 670 a informes de control concurrente y 971 a visitas de control.

“Con todas las cosas que se están apreciando se van a generar, en el segundo semestre, cientos de servicios de control específico y ahí se van a identificar nombre por nombre, funcionario por funcionario, las responsabilidades administrativas, civiles y penales que corresponden”, comentó.

Casos emblemáticos

En otro pasaje de su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Shack detalló los informes de control realizados a casos emblemáticos como el programa Reactiva Perú, la adquisición y entrega de canastas básicas familiares a hogares vulnerables, así como a la compra de tabletas para escolares y docentes de zonas rurales como parte del programa “Aprendo en Casa – Cierre de Brecha Digital”. En el informe se detectaron riesgos que podrían afectar la entrega de los equipos en los plazos establecidos, la conectividad adecuada de los mismos, entre otros aspectos.

Al respecto, consideró importante que el Ministerio de Educación, conforme lo ha expresado, está considerando las recomendaciones realizadas por la Contraloría para garantizar que la entrega de las tabletas se de en los plazos establecidos y que funcionen adecuadamente para los profesores y docentes.

     
 

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